"Supuestamente es una eminencia en Derechos Humanos. Sacó esa ley por unanimidad en el Senado y ahora la critica. Es insólito". Con esas palabras, desde el entorno de Vidal manifestaban su malestar con el vicegobernador Daniel Salvador por sus cuestionamientos a la ley que establece como número oficial las cifra de 30.000 desaparecidos.

El sábado, el vice sorprendió a todos coincidiendo con la mirada del arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, que hace tres días, en el tedeum por el aniversario de la Revolución de Mayo y frente a María Eugenia Vidal había cuestionado esa ley.

En sintonía con el prelado, Salvador dijo que "establecer una verdad con una ley no corresponde y es algo que no comparto bajo ningún punto de vista".

"Yo formé parte de la Conadep y jamás participaría en un debate por el número de desaparecidos. No me parece que se haya que imponer un número u otro a través de una ley", agregó.

Las críticas contra Salvador dentro del PRO tienen que ver con que esa ley se aprobó en la Cámara Alta por unanimidad y el vicegobernador no puso ningún tipo de resistencia. La ley se aprobó durante la sesión especial del 23 de marzo, en la víspera de un nuevo aniversario del Golpe de Estado, cuando el recinto estaba colmado por organizaciones de Derechos Humanos.

La ley fue sancionada por la Legislatura bonaerense a partir de un proyecto del senador y ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, y promulgada por la gobernadora María Eugenia Vidal. En esa norma se establece que se incorporará "de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires, el término ‘Dictadura Cívico-Militar' y el número de 30.000 junto a la expresión ‘desaparecidos', cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983".

En Diputados, quien planteó sus diferencias fue Guillermo Castello, un legislador cercano a Carrió que fue el único que votó en contra. "No hubo debate, fue una sesión rara; era el 23 de marzo y el recinto estaba repleto de gente de organismos de derechos humanos. Levantaron la mano todos, menos yo. La votación fue 90 a 1. El proyecto venía del Senado donde lo habían votado por unanimidad. Pedí que me expidan un certificado, una constancia de mi voto negativo. Porque en la provincia de Buenos Aires el voto no es nominal. Es a mano alzada y después no queda registro de quién votó qué", explicó Castello a Infobae. Castello cuestiona fuerte la ley. "Es fascista, es estalinista, están imponiendo una verdad absoluta y clausurando el debate", sostiene.

 Según pudo saber LPO, en las próximas horas ingresará a la Legislatura una iniciativa que buscará derogar esa ley.  

Otro que criticó la ley fue el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Canton, quien aseveró su posición y la de Vidal es que "la ley es mala" porque es violatoria "de la libertad de expresión", del "derecho a la información" y la "búsqueda de la verdad".

En este marco, el funcionario provincial aseguró que desde el Ejecutivo harán "todo para que la ley se reglamente de manera tal que no afecte a la libertad de expresión" y hasta planteó la posibilidad de que la norma sea derogada. Asimismo, aseguró que recurrirán a la Organización de los Estados Americanos (OEA) "para que exprese que esta ley debe ser modificada".