No es un secreto la Ãntima relación del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. El problema es que llevó esa opción a la esfera de gobierno e impuso las clases de religión católica en las escuelas públicas, contrariando nada menos que la Constitución Nacional que ya en 1853 dispuso la separación de la Iglesia y el Estado.
Este tema, como era previsible llegó a la justicia y ahora será la Corte Suprema quien realizará una audiencia pública el 16 de agosto para debatir si es constitucional la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas públicas de Salta, única provincia del paÃs que avanzó con esa excentricidad.
En la audiencia deberán exponer funcionarios del Ministerio de Educación de la gestión de Urtubey, los demandantes, padres de alumnos y la Asociación por los Derechos Civiles y ciudadanos que pidieron constituirse como "amigos del tribunal", un recurso para opinar en una causa de la que no se es parte.
Los padres demandantes presentaron en 2010 un recurso de amparo en contra de la enseñanza religiosa, para que deje de ser una asignatura del plan de estudios y que los niños no deban rezar ni asistir a misa en la escuela, como impuso Urtubey.
En 2012, el juez de Salta Marcelo DomÃnguez ordenó al gobierno de Urtubey garantizar que los niños no se vean obligados a participar de prácticas católicas en clase y que los programas incluyan contenidos de todos los credos.
Pero en 2013, la Corte de Justicia salteña consideró que la educación confesional es constitucional y que los niños pueden rezar o ir a misa como parte de la jornada escolar siempre que sea dentro del horario de catequesis y respaldó al gobernador.
Las familias demandantes apelaron entonces la sentencia y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que requirió un dictamen de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien dictaminó que imponer en escuelas públicas la enseñanza católica es "discriminatorio" y "lesiona la libertad de culto", algo bastante obvio.
La ley nacional 1420, promulgada el 8 de julio de 1884, durante el gobierno del Presidente Julio Argentino Roca y con Domingo Faustino Sarmiento en el cargo de Superintendente General de Escuelas, estableció la enseñanza laica, obligatoria y gratuita, en todo el paÃs.
Sin embargo, la Comisión Bicameral del Digesto JurÃdico Argentino revisó esta ley en 2012 y la entonces mayorÃa kirchnerista hizo lugar al lobby eclesiástico y eliminó ese artÃculo de laicidad de fines del siglo 19, por entender que estaba derogada por normas subsiguientes. Ahora, será la Corte quien definirá sobre este tema.
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No puede ser que muchas familias catolicas humildes no puedan enviar a sus hijos a escuela catolicas, judias, musulmanas o cual sea.
No hay una justificacion real y coherente para no dar enseñanzas adicionales en cuanto a religion en escuelas publicas mientras no sea algo obligatorio puedan elegir la religion que se enseña.