El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires objetó los gastos realizados por la administración de Pablo Bruera en el 2015. Le exige devolver más de 240 millones de pesos, ante las "grandes irregularidades e inconsistencias en los gastos" encontradas.

Según el fallo del Tribunal, se objeta la ejecución de gastos por "241.648.068 pesos que no cuentan con la documentación que lo respalde".

"Se exige al ex intendente Pablo Bruera y ex funcionarios municipales que se informe dónde fueron a parar dichos gastos", explicaron fuentes judiciales, que apuntan no sólo al ex intendente, sino también a la ex contadora municipal Claudia Agnes y la ex tesorera Alejandra Tittarelli, entre una decena de funcionarios a quienes podrían exigirle la devolución del dinero.

Entre las irregularidades más llamativas están "los gastos injustificados a cooperativas y proveedores sin rendición ni órdenes de pago". En algunos casos -agregó uno de los auditores del Tribunal de Cuentas- "no hubo ni siquiera contra prestación de servicios de estos proveedores".

Por ejemplo, en el rubro espectáculos culturales se detectaron gastos de $989.067 por alquileres de carpas, gazebos y escenarios con iluminación para eventos. Sin embargo el Tribunal señala que "no se encontraron los eventos ni se detallaron los lugares de estas actividades. No hay documentación de la realización de los supuestos eventos".

Incluso hay una compra de carne por más de 30 mil pesos al proveedor Carnes Yamuni S.A. por 120 kg de asado, 120 kg de vacío y 240 chorizos, entre abril y junio de 2015.

En el fallo de 392 páginas -que deberá ser analizado por la fiscalía de estado a cargo de Hernán Gómez- se observan las siguientes irregularidades:

- Órdenes de pago faltantes a proveedores y cooperativas por 200.803.898 de pesos.

- Materiales de construcción sin indicación de destino por 11.133.031 de pesos.

- Licitaciones y concursos faltantes por 11.799.668 de pesos

- Pagos irregulares a cooperativas por 10.603.183 de pesos.

- Gastos en publicidad injustificados por 5.120.973 de pesos.

- Servicios por espectáculos culturales por 989.067 pesos.

- Falta de pago por concesión en La República de los Niños por 632.000 pesos.

- Reparación de vehículos no oficiales por 398.096 pesos.

Entre las cooperativas que recibieron pagos injustificados se encuentran:

- Cooperativa de Trabajo Dignidad y Trabajo Limitada. Recibió $ 923.495 a nombre de Mariana Evelina Gutiérrez, que figuraba como presidenta. Sin embargo "nunca se acreditó que Gutiérrez representara a esta cooperativa".

- Cooperativa de Trabajo Dignidad Limitada. El municipio le transfirió $ 5.190.000 "sin que representara ninguna documentación que respalde la operatoria en cuestión".

- Cooperativa de Trabajo Manos Unidas Limitada. Se le otorgó $ 4.466.000 a Javier Horacio Dellepiane en representación de dicha cooperativa. Pero el Tribunal de Cuentas detecto que "no obra constancia que acredite la designación de Dellepiane como apoderado de la mencionada entidad".

El actual intendente, Julio Garro, dijo hoy que le pareció "llamativo" que ni siquiera el Frente para la Victoria apoyara -en ese momento- la rendición de cuentas. "Ni siquiera el bloque de concejales del FpV decidió acompañarla. Cuando esto pasó, nos llamó poderosamente la atención", aseguró.

En ese sentido, remarcó que el Tribunal "no sólo cerró y aprobó la rendición de cuentas, sino que en esa aprobación condenó en 242 millones de pesos a la gestión anterior y a varios funcionarios", lo cual tradujo de manera simple: "hay 242 millones de pesos que no están".

Si bien reconoció que el fallo puede ser apelado hasta llegar a instancias de la Suprema Corte, Garro sostuvo que "el municipio es el perjudicado". "Es simple, es matemático: son 242 millones de pesos que debería estar anotado en los papeles qué se hizo con eso y no están. El tribunal de Cuentas hace responsable al ex intendente y a varios funcionarios", insistió.