El juez federal Ariel Lijo requirió a la Casa Rosada copias de los e-mails y mensajes que hayan enviado la ex presidenta Cristina Kirchner y los ex secretarios Carlos Zannini y Oscar Parrilli, de 2011 a 2015, en el marco de la causa por presunto encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA, se informó en los tribunales.

Los documentos deberán ser buscados en los servidores informáticos de la Casa de Gobierno, que se supone han de almacenar la información que transita a través de las cuentas oficiales de correo electrónico y los sistemas internos de mensajería, dijeron fuentes judiciales.

La orden del juez abarcó también a la Cancillería y a la Procuración General del Tesoro (la jefatura de los abogados del Estado), en busca de los mensajes de sus respectivos ex titulares Héctor Timerman y Angelina Abbona.

El procedimiento se efectúa en el marco de la causa penal que investiga si la ex mandataria y los otros imputados encubrieron el atentado terrorista a la AMIA al suscribir un memorándum de entendimiento con Irán, denuncia que formuló el fiscal Alberto Nisman antes de morir.

Lijo fue el juez a quien Nisman le presentó la denuncia contra Cristina Fernández y otros funcionarios y allegados a su gobierno el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto en su departamento de Puerto Madero con un disparo en la cabeza.

En el marco de estas pesquisas, los fiscales de la UFI-AMIA solicitaron el mes pasado a dos agencias de investigación de los Estados Unidos saber si allí retuvieron material probatorio genético que se recogió en inmediaciones de la mutual judía tras el atentado de 1994 y que fue remitido a ese país en los primeros años de la causa.

Los fiscales Roberto Salum, Leonardo Filippini y Santiago Eyherabide requirieron a través de la Cancillería la colaboración de los equipos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos que participaron durante los primeros años de la investigación en la búsqueda e inventario de materiales de prueba a los que esas agencias tuvieron acceso.

El abogado Alejandro Rúa, de la agrupación Memoria Activa, había dicho entonces que el FBI había hablado de "una pieza de género, con manchas posiblemente orgánicas, incrustada en un pieza retorcida de un amortiguador" del vehículo usado como coche-bomba.

Según dijo por Twitter, "ese género con restos orgánicos no aparece por ningún lado ni hay constancias de que se lo hubieran llevado legalmente", y se cree que "con esos restos que ahora no aparecen fue que el FBI identificó a Ibrahim Hussein Berro como el 'conductor suicida'" de la camioneta Renault Trafic.

La página "fiscales.gov.ar" precisó que "en agosto de 1998 un equipo del FBI presentó a la justicia argentina un informe denominado 'Análisis del Atentado contra la Sede de la Asociación Mutual Israelita-Argentina', 18 de julio de 1994, Buenos Aires, Argentina' en el que indicó haber tomado contacto con los restos del vehículo hallado en el lugar de la explosión y detectado una pieza de género, con manchas posiblemente orgánicas, incrustada en un pieza retorcida de un amortiguador cuyo examen podría haber resultado útil a la identificación de personas".