La ex ministra de Defensa Nilda Garré pasó un mal momento en la Cámara de Diputados, cuando quiso explicar su disidencia sobre la ampliación del registro de violadores y la madre de una víctima la interrumpió a los gritos.

"Estigmatizadas están las víctimas como mi hija. Hace 16 años que está estigmatizada", le gritó una de las integrantes de la Asociación Madres del Dolor, durante el plenario de comisiones que trató el proyecto para publicar datos personales de los violadores durante los 20 años posteriores a su condena.

Como explicó LPO, el proyecto fue presentado por el radical Diego Mestre y plantea ampliar el banco genético de los violadores creado por ley en 2013 con la información de cada condenado que haya recuperado la libertad.

Mestre logró un dictamen de mayoría con apoyo de todos los bloques incluso del FpV-PJ. Diana Conti sólo exigió que los datos no sean publicados en el sitio web del Ministerio de Justicia, como planteaba el borrador original, sino en cada comisaría.

O sea, los datos serán públicos, porque cualquier ciudadano podrá requerirlos, pero no publicitados, una faceta que podría derivar en reclamos de inconstitucionalidad.

Se trata de información sensible cómo los nombres y apellidos, apodos y/o seudónimos y/o sobrenombres, fotografías actualizadas, número de documento, nacionalidad, domicilio real, de residencia y laboral y su calificación. Esta tarde le agregaron la carátula de la causa.

Conti logró convencer a la mayoría de sus pares de firmar el dictamen y evitar quedar enfrenado a la opinión pública, pero no pudo hacer nada con Garré, quien con su parsimonia habitual informó que presentaría un dictamen de minoría en rechazo al proyecto.

"¿Qué vamos a hacer con los datos personales? ¿Le vamos a pedir a nuestras hijas que se cuiden?", preguntó y exigió que la información debe tenerla la justicia y el Estado debe apelar a la recuperación de los condenados durante su condena.

Pero nada descolocó tanto a las madres de víctimas como cuando habló del riesgo de estigmatizar a los violadores.

Garré ni siquiera se mostró incómoda cuando le gritaban y sólo interrumpió su discurso cuando la radical Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, le recordó que estaba a cargo del plenario y le exigió terminar de hablar para que la reunión no se vaya de las manos.

Es que todo había transcurrido normalmente, incluso cuando otros kirchneristas adelantaron disidencias, como el mendocino Guillermo Carmona ("Los fundamentos del proyecto dicen que el patronato de liberados no funciona. ¡Hagámoslo funcionar!", exigió) y la rionegrina María Emilia Soria ("La mayoría de las violaciones están dentro de la familia y esto no lo protege", se lamentó). Pero ninguno se animó a un discurso garantista como el de Garré.

Se notó la urgencia de Cambiemos por tratar el proyecto como una respuesta a los recientes casos de violación, pero también el trabajo de sus espadas legislativas para buscar consensos.

Conti fue y vino pidiendo correcciones, el macrista Daniel Lipovetzky escoltó a Victoria Donda para ayudarla con las tachas y Mestre tuvo que frenar un reclamo de su coterráneo Juan Brugge, de la democracia cristiana, que exigía agregar su proyecto para obligar a los violadores liberados a hacerse análisis mensuales.

El texto final recién se conocerá mañana, porque Mestre seguía juntando firmas, pero no tenía problemas en lograr la mayoría y garantizar la aprobación de la ley en diciembre.

Los diputados de izquierda Pablo López y Juan Carlos Giordano fueron los otros con dictamen propio, pero ninguno se atrevió a hablar de estigmatización ante las víctimas. Sólo lo hizo Garré y le fue mal.