El juez federal Ariel Lijo envió un oficio a la Cámara de Diputados para pedir "registros fílmicos y taquigráficos" de la exposición de Oscar Aguad el 21 de febrero, cuando justificó el acuerdo por el concurso de Correo Argentino S.A., concesionado por el Grupo Macri, que insistió en definir como una empresa insolvente.

El ministro de Comunicación concurrió ese día a la Comisión de Comunicaciones tras conocerse el primer dictamen de la fiscal Gabriela Boquín que consideró "abusivo" para el Estado ese acuerdo, por permitirle a Sideco y Socma, empresas de los Macri, un ahorro estimado de 70 mil millones de pesos.

Como explicó LPO, el viernes en otro dictamen Boquín denunció a los directivos de Correo Argentino S.A de vaciar un capital remanente de 14 millones de dólares en beneficio del Grupo Macri.

Esos datos encendieron la alarma de Lijo, que investiga a Aguad en la causa 1604/2017 por presunto "incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

En su exposición ante los diputados, el ministro defendió haber aceptado la oferta de Correo Argentino S.A. en el concurso de acreedores por considerarlos un "deudor insolvente" y "sin recursos", frases que ya había repetido en los medios.

Se basaba en que la empresa demostraba no tener capital declarado para hacer una oferta mejor y la otra alternativa era continuar el juicio y permitir que continúen licuándose los intereses.

Y ante la supuesta insolvencia de Correo Argentino SA, Aguad dijo que era aún menos conveniente pedir la quiebra de la empresa porque no había activos para liquidar.

También admitió que Macri seguramente conocía el acuerdo, aunque él no lo haya informado; y que la causa no volvería a fojas cero, como había anunciado el presidente.

Lijo quiere leer bien la declaración del ministro de Comunicación en el Congreso y constatar su veracidad con los elementos aportados en el reciente dictamen de Boquín, que hace una cronología del destino de los fondos de Correo Argentino S.A. a partir de que entró en concurso en 2001.

El juez federal Ariel Lijo.

El dictamen de Boquín cita un depósito de 13 millones de dólares en Lehman Brothers, más alrededor de 1,4 millones de dólares en BNP Paribas Asset Managment, para concluir que al 30 de noviembre del 2003 tenía un capital de alrededor de 14 millones de dólares en el exterior.

Ese dinero, según Boquín, luego se transfirió en parte al Banco Ciudad, se invirtió en bonos y otros títulos y hasta en el proyecto del auto chino de Franco Macri, para llegar a junio del 2012 a acumular unos 52 millones de pesos.

Con estos datos, la fiscal concluye en que el padre del presidente fue desviando el dinero a otras cuentas de su Grupo para vaciar la empresa, mantener su estructura residual y hacer inversiones que eviten la desvalorización del capital remanente.

Apelando a maniobras legales para mantener la empresa residual en un limbo, en el que ni se homologaba el concurso ni se decretaba la quiebra, un paso que Aguad dice que no tiene sentido. 

"Es de señalar que Correo Argentino SA actuó en beneficio exclusivo de Socma Americana SA", dice la fiscal en su dictamen y denuncia que la empresa concursada "privilegió sus intereses (los de Socma) por sobre los intereses de la masa de acreedores".

Con esos datos, Aguad deberá justificar si considera aún que Franco Macri como un deudor sin dinero. Y si estuvo bien aceptar su oferta.