La fiscal Gabriela Boquín volvió a complicar al Gobierno y ahora denunció a los directivos de Correo Argentino SA de vaciar el importante capital remanente de la concursada que inicialmente superaba los 14 millones de dólares, en beneficio de firmas del Grupo Macri como Sideco y Socma y en perjuicio de los otros acreedores.

En un nuevo dictamen emitido este martes (ver documento adjunto), la fiscal pide a la jueza que no autorice nuevos retiros de fondos y denuncia que los abogados y directivos que permanecieron en la concursada Correo Argentino SA llevaron a cabo una interminable sucesión de irregularidades para ir transfiriendo el capital remanente que quedaba en la empresa fallida a Sideco del mismo grupo, se supone en perjuicio de otros acreedores.

En su extenso dictamen de 88 páginas, la fiscal hace una cronología de los fondos que tenía la concesionaria cuando entra en concurso en 2001. Comienza citando un depósito de 13 millones de dólares en Lehman Brother, más alrededor de 1,4 millones de dólares en BNP Paribas Asset Managment, para concluir que al 30 de noviembre del 2003 tenía un capital de alrededor de 14 millones de dólares en el exterior.

Luego se transfieren en parte al Banco Ciudad, se invierten en bonos y otros títulos y hasta en el proyecto del auto chino de Franco Macri, para llegar a junio del 2012 a acumular unos 52 millones de pesos. Estas revelaciones vienen a refutar la declaración que dio en su momento el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien afirmó que Correo Argentino SA no tenía ningún tipo de patrimonio como para que el Estado recupere algo de lo que perdió por la fallida concesión.

Al punto que el famoso proyecto de Chery Socma, que incluía la supuesta construcción de una planta automotriz en Uruguay, ahora se sabe fue financiado con fondos del concursado Correo Argentino. La jueza de primera instancia Marta Cirulli -muy criticada por la fiscal Boquín- permitió en 2007 que se realice esa maniobra y hasta autorizó fondos extras para el "lanzamiento" del modelo "Tiggo".

En 2013, visiblemente harto, el síndico del concurso pide explicaciones porque "han pasado varios años y no tenemos conocimiento de la obtención de rentas en el proyecto del automóvil chino". Es que para justificar ese desvío de fondos que se suponía era para pagar las deudas de los acreedores, los abogados de Franco Macri aducen que "este negocio permitirá a Correo Argentino SA honrar sus compromisos concursales.

No fue poco dinero. Por esa decisión se transfirieron a cuentas de Socma Americana SA más de dos millones de dólares. Para la fiscal se trató de "un posible acto de vaciamiento".

Cuando el Correo Argentino SA entró en concurso tenía un capital de unos 14 millones de dólares depositados en el exterior, divididos entre Lehman Brothers y BNP Paribas Asset Managment.

El dictamen es el relato de una intensa batalla judicial entre los gerentes de Franco Macri -que ganó la concesión de Correo en 1997- y jueces y fiscalas, para hacerse con esos fondos con dos argumentos centrales: Mantener su estructura residual y hacer inversiones que eviten la desvalorización del capital remanente.

La hipótesis de la fiscal es que en lugar de eso se fue trasladando esa masa de dinero a Sideco, Socma y otras sociedades del Grupo Macri. Y cita como ejemplo que Sideco le "cobraba" a la concursada Correo Argentino SA unos 18.000 dólares mensuales para proveerle servicios de asesoría financiera, buffet, telefonía y secretarias, una cifra que para la fiscal Botín es exorbitante ya que la concursada mantenía apenas "tres empleados" y no tenía actividad.

Por eso, afirma en su dictamen que "es de señalar que Correo Argentino SA actuó en beneficio exclusivo de Socma Americana SA", y denunció que la empresa concursada "privilegió sus intereses (los de Socma) por sobre los intereses de la masa de acreedores".

Y cuestiona la "atípica y extraordinaria prolongada tramitación del concurso", ya que se presentó el 19 de septiembre de 2001 y "casi 16 años después todavía no se homologó, pero tampoco se decretó su quiebra". Para detallar luego la aguerrida batalla judicial que despliegan los abogados de Franco Macri desde 2003, para impedir que la fallida Correo Argentino SA vaya a la quiebra.

La fiscal Gabriela Boquín.

Fiscales

Según dijeron fuentes judiciales a LPO, la fiscal firmó el dictamen el viernes pasado pero decidió difundirlo recién este martes. Sin embargo, en el Congreso estaban al tanto del dictamen durante el fin de semana y en el interbloque Cambiemos se desesperaron por conseguirlo.

"El proceso del concurso preventivo se encuentra minado de un sinnúmero de irregularidades y muchas de ellas se realizaron violentando el orden público concursal", agrega la fiscal, quien detalla como aparecen cobrando sueldos con el capital remanente de la concursada supuestos empleados de Correo Argentino SA que a la vez eran empleados de otras empresas del grupo.

Menciona en ese sentido a Diego Lamaison que es a la vez directivo de la concursada, de Socma y de Sideco; y a Martín Della Savia que cobraba como empleado de Correo Argentino SA y a la vez era gerente de Macair Jet SA, la empresa que la familia Macri vendió recientemente a Avianca. 

Señala también la fiscal que se usó ese capital para pagarle OSDE a personas que nisiquiera eran empleados de Corro Argentino SA, por un monto mensual que superaba los 40 mil pesos. También cuestiona numerosos pagos a abogado de la concursada que no fueron debidamente aprobados ni homologados. Y hasta la utilización de los fondos para costear una "fiesta de fin de año" de los empleados de la empresa concursada, que ascendían a tres.

Para concluir que incluso en el primer año de mandato del presidente Macri, siguió este proceso y por diversas vías se retiraron durante el 2016 más de 1,6 millones de pesos y unos 180 mil dólares que fueron girados a Sideco y Socma.