La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó un escrito ante el fiscal Eduardo Taiano en el que descartó un perjuicio para el erario en la compra del edificio donde hoy funciona el organismo.

No obstante, admitió que pudo haber existido "un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia", lo que habría generado "un beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo" a uno de sus colaboradores, hoy suspendido en sus funciones.

Mediante un escrito firmado por el abogado de Gils Carbó, Alejandro Rúa, la jefa de los fiscales describió todas las medidas que adoptó desde que "se anotició por información periodística de la presunta existencia de irregularidades en la adquisición del inmueble de la calle Perón".

Gils Carbó resaltó que "las instancias de control y el riguroso cumplimiento de los pasos administrativo impidieron todo perjuicio patrimonial al erario público".

Sin embargo, "las investigaciones en curso demostrarán si un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia generó un beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo".

La jefa de los fiscales destacó una publicación en un portal informativo: "La verosimilitud de algunos aspectos de la información periodística pudo ser verificada en pocas horas mediante un informe solicitado de manera urgente por la procuradora a la Dirección Disciplinaria".

Según esa documentación, pudo establecerse que Guillermo Bellingi, quien se desempeña con un cargo jerárquico en la Procuración, "había tenido participación en el proceso administrativo que culminó con la adquisición del inmueble de la calle Perón".

Además, "resultaba altamente probable un vínculo familiar con Juan Carlos Thill", supuesto medio hermano de Bellingi, y quien cobró una millonaria comisión pagada por la inmobiliaria por la concreción de la operación.

"La procuradora dispuso la suspensión preventiva de Bellingi y el inicio de un sumario administrativo orientado a dilucidar la responsabilidad del nombrado y a estudiar integralmente ese proceso licitatorio a fin de determinar cualquier responsabilidad que por esos hechos pudiera corresponder", subrayó el escrito.

Al mismo tiempo, Gils Carbó informó a Taiano -quien lleva adelante la investigación por presuntas irregularidades en la compra del edificio-, que otro fiscal, Sergio Rodríguez, titular de la repartición de Investigaciones Administrativas (FIA), "fue designado para que en el plazo de 60 días sustancie el sumario en cuestión y produzca un informe final".

"Esta Procuración tomó todas las medidas a su alcance para un pronto y eficaz esclarecimiento de los hechos", concluyó el documento.