Aunque Patricia Bullrich dio como un hecho la sanción de la ley que limita las libertades condicionales, este jueves no se aceleró el trámite: durante todo el dÃa magistrados, funcionarios y ONGs expusieron sobre el proyecto, muchos con severas crÃticas.
Los senadores no emitieron dictamen pero no descartan sancionar la ley la semana próxima, si asà lo acuerdan los jefes de todos los bloques. Pero nadie se anima a garantizar que en esa reunión no puedan definir cambios y devolver el proyecto a Diputados, donde fue aprobado en noviembre por iniciativa de la massista Mónica Litza y el radical Luis Petri.
A las crÃticas garantistas de ONGs como el Cels y jueces como Sergio Delgado, se sumó una esperada polémica por la capacidad real de alojar más presos en las cárceles, consecuencia inevitable de reducir las salidas anticipadas.
Con tono diferente, la advertencia la hicieron Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, donde en diciembre se multiplicaron motines ante la noticia de este proyecto de ley; y Francisco Mugnolo, procurador penitenciario y detractor de cualquier recorte a las libertades transitorias.
Breve, Ferrari avaló la ley pero reconoció que el Servicio Penitenciario debe servir para resocializar a los reclusos y aceptó que hay una crisis por los lugares de alojamiento.
"La última cárcel grande se construyó en 2001 y luego sólo algunas alcaidÃas y eso es un agravante", confesó, pero sostuvo que es un problema "que deben resolver los dirigentes y no decir 'dejemos presos en las calles", dijo Ferrari.
Mugnolo le siguió en la lista de oradores y le recordó que en la provincia de Buenos Aires hay 5 mil detenidos en comisarÃas, "con policÃas dedicados a cuidar presos y no a proteger a la gente".
"La cárceles están abarrotadas, no soportan una mayor presión de ocupación", advirtió el procurador penitenciario, cuyo mandato venció hace años pero el Congreso nunca su preocupó por reemplazarlo.
"En el sistema federal hay sólo un 15% de los presos con perÃodo de prueba y un 7% con salidas transitorias. ¿De qué problemas estamos hablando?", preguntó.
"No nos engañemos pensando que esto otorga más seguridad. Acá se trata de hablar de un problema pequeño para tapar el problema", cerró Mugnolo.
Su lÃnea argumentan fue utilizada en noviembre por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade para rechazar las salidas anticipadas, durante el debate en el recinto.
"Nunca lo cajoneamos"
La reunión de Comisión se inició con la defensa de Patricia Bullrich a la ley. "Los delitos que no van a poder gozar del beneficio son homicidio, delitos contra la integridad sexual, robos con arma, en poblado y seguidos de muerte; secuestro extorsivo, trata de persona, asociación ilÃcita, lavado de activos y narcotráfico", recordó.
Y negó que haya frenado el tratamiento de esta ley en diciembre (se aprobó en Diputados, estaba entre los temas habilitados en diciembre pero no se trató) por los motines en las cárceles.
"No es una reacción a lo que sucedió, estaba planeado en la agenda desde febrero. En el medio sucedió una desgracia, que impactó a toda la Argentina, el brutal asesinato de Micaela GarcÃa, pero esto se iba a discutir", aseguró.
Como explicó LPO, el proyecto fue retomado recién tras la muerte de Micalea GracÃa, la joven de Gualeguay asesinada por Sebastián Wagner, un violador beneficiado con libertad condicional.
Las protestas volvieron esta semana. El martes hubo una manifestación en la cárcel de Devoto y durante toda la semana familiares de reclusos y ONGs rodearon el Congreso con una panfleteada.
