Las fuentes judiciales que tramitan el "Operativo Sapucay" reconocen que en el municipio correntino de Itatí operan 3 grupos narcos que importaban drogas (en total más de 10 toneladas semanales).

Sin embargo, hasta ahora las autoridades no precisaron como es la estructura que soportaba la actividad ilícita de los detenidos en el operativo: el intendente, Natividad "Roger" Terán, del Frente para la Victoria y su viceintendente, Fabio Aquino, del Partido Nuevo.

Un blog especializado señaló que la espectacular detención del intendente Terán, hasta ahora quedó en eso: Espectáculo para los medios. Nada se dijo sobre cómo se estructura el grupo narco y si tenía relaciones con otras mafias locales o extranjeras y en especial con las redes de trata que se vinculan al negocio narco.

Un relevamiento de instrumentos en materia de trata de personas del Mercosur que se realizó en el marco del "Proyecto de Cooperación Humanitaria Internacional para Migrantes, Apátridas, Refugiados y Víctimas de Trata de Personas", publicado en Julio de 2016, reveló en qué políticas públicas se concentró cada país.

En la Argentina, el esfuerzo se puso en el rescate de las víctimas y el retorno a lugares de origen. No hubo nada sobre la detección y combate de las redes de captación y tráfico de individuos, ya sea para servicios sexuales o trabajo ilegal.

Casi las mismas políticas aplican Uruguay y Paraguay. La excepción es Brasil que ha puesto énfasis en investigar las rutas de trata y su articulación con redes del exterior, además de accionar sobre para la detección temprana de las potenciales situaciones de trata entre niños y adolescentes.

De esta forma, las políticas públicas que se han diseñado y se aplican en la Argentina, se concentran en la etapa final de la trata de personas, no en evitar su captación y su "compra-venta" entre las redes de explotación sexual y laboral.

Los informes del Mercosur detallan muy bien las zonas de captación de personas para la trata en cada país y las rutas por donde son transportadas. En la Argentina, las zonas de captación y reclutamiento mencionadas son Misiones, Jujuy, Entre Ríos, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, La Rioja, Salta y Tucumán.

Sin embargo, cuando se analizan las crónicas policiales, casi no hay casos de investigaciones o detenciones de políticos o personas cercanas al poder relacionadas con la trata de personas.

El intendente de Itatí, Natividad Terán en el momento de su detención.

Télam

A fines del año pasado, el gendarme retirado José María Viero fue citado a declarar por el Juzgado Federal de Paso de los Libres por un presunto caso de trata y explotación sexual. El imputado había sido custodio de la Casa de Gobierno de Corrientes.

También fue investigado por el mismo caso el ex fiscal Federal de Paso de los Libres, Benito Pont, acusado de bloquear investigaciones en los locales de explotación sexual y de estar vinculado al negocio a través de familiares y amigos.

Pocas semanas antes, en Paso de la Patria, fue detenido un empresario cercano al radicalismo acusado de trata de personas y de promover el turismo sexual en sus cuatro cabañas ubicadas en tres ciudades de Corrientes y una de Misiones.

En total, 11 mujeres entre 20 y 35 años fueron rescatadas en los allanamientos, pero el número total se estima que era mayor, dado que el "personal" era obligado a "rotar" entre los diversos domicilios investigados.

El caso ocurrió en la misma ciudad donde fue Intendente Oscar "Chino" García, pareja de Sonia Beatriz Mantilla Castro, que fue involucrada en un caso de trata y explotación sexual donde fue acusada la abogada Natalia Szrrabari.

Paso de la Patria, como otras ciudades fronterizas, concentra actividades delictivas importantes, como se confirmó en el caso de Itatí.

Hace unas semanas, la Justicia Federal de Corrientes realizó 14 allanamientos en Paso de la Patria y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde se investigaba una red de lavado y contrabando de dinero proveniente de la trata de personas con fines sexuales.

El caso es consecuencia de la causa que se inició con la captura del ex fiscal Federal de la ciudad correntina, Benito Pont, y a otros funcionarios por brindar protección a organizaciones de trata.

Sin embargo, todo el caso no comenzó en Corrientes, sino que surgió en la Unidad Operacional de Control de Narcotráfico y el Delito Complejo del Litoral de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Luego se dio lugar a la Jueza Cristina Pozzer Penzo y al fiscal Aníbal Fabián Martínez, que avanzaron con los allanamientos.

El lavado y contrabando de dinero dio origen a un nuevo tipo de uso de las mujeres. Las "mulas" son usadas para trasladar drogas de un lugar a otro. Ahora surgieron las "burriers", que mueven dinero entre diferentes destinos. Por lo general, cobran entre 7% y 10% del dinero trasladado. Por lo general, de las provincias viene el dinero hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su lavado y, luego, hacia Europa o Estados Unidos, incluso Asia.

El informe sobre trata de personas con fines sexuales de 2015, que emitió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sostiene que en Corrientes no se registró una sola denuncia sobre el tema.