El fiscal federal Franco Picardi pidió investigar al presidente Mauricio Macri y al ministro de Energía, Juan José Aranguren, ante la sospecha de que el aumento en la tarifa de gas dispuesto el año pasado fue con la intención de favorecer a empresarios que incursionaron en el rubro energético como Nicolás Caputo, Joe Lewis y Marcelo Mindlin.

Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que la Fiscalía a cargo de Picardi impulsó la investigación a partir de una presentación de la Procuraduría de Investigaciones administrativas (PIA) de Sergio Rodríguez.

Todo se inició cuando en agosto del año pasado el juez Claudio Bonadio extrajo testimonios de la causa "Aranguren Juan José y otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" a raíz de los aumentos de gas dispuestos en 2016, que fueron duramente cuestionados por el nivel de incremento y por no haber mediado audiencia pública.

Los fiscales de la PIA Sergio Rodríguez y Santiago Eyherabide hicieron entonces una presentación denunciando un posible caso de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho.

Desde la PIA el puntapié fue una noticia periodística titulada "Los socios y amigos del Presidente se lanzaron a la compra de las empresas de gas y electricidad" en referencia a que Lewis y Mindlin compraron Petrobrás por cientos de millones de dólares y Nicolás Caputo se convirtió en el segundo proveedor de energía a través de Central Puerto.

En ese sentido, recordaron al visita de Macri al empresario Lewis a su casa en las orillas de Lago Escondido, en Río Negro, el 24 de marzo del año pasado, hasta donde llegó con el helicóptero que había puesto a disposición el empresario.

Fue una visita de pocas horas puesto que esa misma noche, Macri viajó al Aeropuerto para despedir al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien había llegado en visita oficial a la Argentina.

En la PIA, tal cual reza la denuncia, les llamó la atención que Macri visitara a Lewis en medio de una agenda sobre cargada: la visita del presidente Barack Obama y el 24 de marzo se conmemoraba un nuevo aniversario del trágico golpe militar que tuvo lugar en 1976.

A los cinco días de esa reunión fue que, por resolución 31/2016 el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, dispuso el incremento tarifario de gas, lo cual fue objetado por la Justicia al no haber mediado audiencia pública previa tal cual dispone la ley.

Lewis es propietario de una de las controlantes de la firma "Pampa Energía SA" y para ese momento había adquirido Petrobras Argentina, que tiene un gran potencial gasífero en nuestro país: el único director que habría suscripto el acta de adquisición de la firma fue el represenante de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La empresa "Pampa Energía" también tendría como propietario a Mindlin, quien fue parte de la comitiva que viajó junto a Macri en gira oficial en enero de 2016 al foro de Davos, en Suiza, oportunidad en la cual según los denunciantes se habría materializado el acuerdo sobre la suba de tarifas.

Sobre Caputo, amigo del Presidente, surgió la sospecha porque entre febrero y marzo de 2016, antes de la suba de tarifas de gas,compró la Sociedad Argentina de Energía Sociedad Anónima (SADESA), principal proveedora de energía eléctrica del país y socia mayoritaria de Edesur y Gas Cuyana.

La PIA sostuvo que el incremento tarifario de por sí implica una mejora en la ecuación económica para los titulares y accionistas de las empresas del rubro, y que el haberlo hecho desde el Gobierno Nacional sin mediar audiencia pública no fue un simple "error técnico" sino que pudo ser "una pieza más para concretar una serie de negocios adyacentes a los servicios públicos".

La investigación, tomando en cuenta la denuncia de la PIA, apunta a determinar si el incremento tarifario de gas implicó un fraude al Estado o bien pago de sobornos a funcionarios públicos para que dieran el aval en los aumentos.

La presentación de Picardi fue hecha hace pocos días ante el juez federal Sebastián Casanello, con quien investigará la denuncia.