El fallo que María Romilda Servini de Cubría dice tener para seguir como jueza federal pese a la sentencia de la Corte Suprema que la obliga a jubilarse fue avalado oficialmente por el ex vicepresidente Amado Boudou, cuando era titular de la Anses.

La información surge tras la polémica que generó el fallo del máximo tribunal que ratificó el límite constitucional de 75 años para la permanencia de los jueces. Eso provocó la furia de Servini, que salió a denunciar que la decisión estuvo direccionada en su contra y que fue orquestada por el propio Ricardo Lorenzetti, a quien investiga.

El jueves, el Consejo de la Magistratura mandó un oficio a 27 jueces federales y nacionales de 75 años de edad o más para que informen si tienen amparos judiciales que les permitan seguir en el cargo. El organismo les dio un plazo de 24 horas para que cumplan con el pedido y el próximo lunes comenzará el análisis caso por caso para determinar si deben jubilarse o no.

Esto hizo enfurecer más a Servini, que denunció otro apriete. "Me mandan una notificación que tengo 24 horas para responder como si me fuera a esconder, o salir del país, como si fuera una delincuente", se quejó. Además, explicó que está jubilada desde el año 1994: "Cuando Cavallo era ministro de Economía nos quiso sacar la jubilación privilegiada de jueces. Yo previo a eso me jubilé pero nunca presente la renuncia".

Según entienden en la Magistratura, ese es el problema de Servini. La jueza tendría una declaración de certeza del fuero previsional y no un amparo del fuero contencioso administrativo. "Es un mamarracho ese fallo", dijeron a LPO fuentes del Consejo, que agregaron que la fiscal y la jueza que lo firmaron son amigas de Servini. Esa declaración de certeza es la que habría recibido el visto bueno de la Anses de Boudou por tratarse de una jubilación.

La propia reacción de Servini deja en evidencia que el fallo que dice tener no tendría la validez necesaria para mantenerla en el cargo. De lo contrario, no habría salido a destrozar a Lorenzetti y el Consejo de la Magistratura.

La situación de la jueza con competencia electoral en el ámbito federal genera una tensión muy grande en la Casa Rosada, donde no quieren pelearse con Servini, que encima tiene el respaldo de Carrió. Pero en el propio oficialismo del Consejo de la Magistratura dicen que no tienen margen para no cumplir el fallo de la Corte y están obligados a avanzar.

Ayer en la Magistratura especulaban con la posibilidad de que Servini no responda el oficio y creían que el caso podría terminar judicializado. De enviarlo, la semana que viene empezaría a definirse su situación, ya que el trámite no sería muy extenso: a los jueces que no tienen fallo el Consejo les ordenará inmediatamente comenzar los trámites de jubilación.

Un dato clave es que este tema no requiere de votaciones con mayoría agravada como en el caso de la suspensión o destitución de jueces, y en el caso de que haya alguna controversia se resolvería con mayoría simple de siete votos. El oficialismo tiene ocho asegurados.

Los otros "jubilables"

Además de Servini, hay otros pesos pesados de la Justicia que deberían jubilarse si no tienen un amparo favorable. Entre los 26 restantes que figuran la lista del Consejo de la Magistratura se destaca el nombre del integrante de la Cámara de Casación Penal, Pedro David.

De 87 años de edad, David integra la Sala II de la Cámara de Casación, organismo del que es parte desde su creación en 1992. Su caso es tan o más importante que el de Servini ya que su salida abrirá otra vacante en el tribunal, donde ya hay otras dos.

Casación es el máximo tribunal penal del país y es en la mayoría de los casos la última instancia para definir las causas de corrupción, puesto que la Corte Suprema dictaminó en su doctrina que sólo se pronuncia sobre cuestiones de derecho, y no en materia de pruebas. Por eso Cristina Kirchner estaba obsesionada con coparla.

Los otros magistrados que se destacan en la lista son los integrantes de la Cámara de Apelaciones de La Plata Julio Reboredo y Leopoldo Schiffrin (quien impulsó el amparo que volteó la Corte y ayer ya anunció su renuncia), y también el juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro.

Este último saltó a la fama en 1999 cuando habilitó la segunda reelección consecutiva de Carlos Menem, impulsada por el PJ de Córdoba. Bustos Fierro es cercano a José Manuel de la Sota, que en su último mandato ascendió a su hijo Pablo en la fiscalía general de la provincia.