Mientras observa como los diputados de Cambiemos acumulan pedidos de juicio político en su contra, Alejandra Gils Carbó empieza a mirar con más atención lo que pasa en el Senado, donde siguen cajoneando los pliegos de fiscales que envía.

El miércoles, la Comisión de Acuerdos presidida por Rodolfo Urtubey (FpV-PJ) tratará sólo dos de los candidatos pendientes para el Ministerio Público: Cristina Leguizamón (a Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Corrientes, Defensoría Nº 1) y Silvina Costa (Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto).

Pero seguirán esperando los de Juan Fernández Buzzi (a fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal 5 de Capital Federal) y el de María Luz Castany, propuesta por Gils Carbó como fiscal de la Procuración general de la Nación.

A diferencia de Diputados, donde por ahora Cambiemos no parece con chances de conseguir los dos tercios para avanzar en su juicio político, en la Cámara alta la Procuradora sí tiene problema de números para nombrar fiscales.

Ni siquiera consigue que el recinto trate los cuatro candidatos a fiscales que ya pasaron audiencia en octubre. Se trata de Fernando Ignacio Fiszer (para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal), Nicolás Amelotti (a fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal), Sandro Fabio Abraldes (a Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 29) y Alan Iud (a Fiscal de la Procuración General de la Nación), recordado por ser abogado de Estela de Carlotto.

La resistencia de los senadores peronistas cubrir las vacantes en la Procuración son un dato poco alentador para Gils Carbó, que el año pasado se paseó por las provincias con los gobernadores, jefes de buena parte de los miembros de la Cámara alta.

En ese entonces buscaba apoyo para frenar la reforma del Ministerio Público, que permitía desplazarla. Elisa Carrió finalmente lo convenció a Mauricio Macri de ir por vías más institucionales como el juicio político, aún sin los votos necesarios.

La Comisión de Acuerdos tratará varios de los pliegos judiciales que tiene demorados, como adelantó LPO. A excepción de Anibal Pineda, candidato a Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, el resto son propuestos para la justicia de Capital Federal.

Son los casos de Graciela Avallone (a Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 49), Silvia Santos (Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 68), Andrea Bracamonte (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 1), Marcelo Gota (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 8) y Javier Pico Terrero (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 7).