El Frente para la Victoria y el massismo se unieron en la bicameral de trámite legislativo para rechazar el decreto de necesidad y urgencia que prorrogó por tres años las autoridades del área encargada de controlar las escuchas judiciales, bajo el mando de la Corte Suprema de Justicia.
Como adelantó LPO, los legisladores del FpV-PJ y el senador pampeano Daniel Lovera, el massista Raúl Pérez y Adolfo RodrÃguez Saá firmaron un dictamen en contra del DNU (tuvo 9 firmas), que de todos modos seguirá vigente, hasta que esa mayorÃa no se reúna en ambas cámaras para anularlo. Sólo faltó el senador misionero Juan Irrazabal (FpV-PJ).
Como eso nunca le pasó, Macri se acostumbró a gobernar con decretos sin respaldo de mayorÃas parlamentarias y con el riego de ser eliminado en los recintos, como ya amenazó Graciela Camaño que tarde o temprano ocurrirÃa.
Esta tarde, sólo los seis legisladores de Cambiemos de la bicameral (son 16 miembros) aprobaron el decreto 102, que extiende por tres años a los camaristas Martin Irurzun (Capital Federal) y Javier MarÃa Leal de Ibarra (Comodoro Rivadavia), como director y subdirector de la Dirección de Asistencia judicial en delitos Complejos y crimen organizado del Poder Judicial.
Esa dependencia fue creada por la Corte cuando Mauricio Macri le transfirió las escuchas que históricamente estuvieron a cargo de la ex SecretarÃa de Inteligencia (Side) y Cristina Kirchner habÃa pasado a la Procuración.
En el DNU recién dentro de tres años, justo cuando termine su mandato, la Corte sorteará otras autoridades para cubrir los cargos de Irurzun y Leal de Ibarra, en el ojo de la tormenta por la filtración de conversaciones entre Cristina y Oscar Parrilli.
"No hay necesidad y urgencia y el decreto ni siquiera lo firma el ministro de Justicia Germán Garavano", denunció el senador chubutense Mario PaÃs.
"Estaba de vacaciones", fue la extraña respuesta de Pablo Tonelli, el diputado encargado de defender cada DNU de Macri.
El radical Luis Naidenoff recordó que era habitual que Cristina Kirchner firmara decretos sin la rúbrica de ministros.
El diputado MartÃn Hernández, también radical y de Formosa, recordó que la urgencia está basada en que los mandatos de Irurzun y Leal de Ibarra vencÃan y Macri prefirió prorrogarlo el mismo.
"No puede ser que el propio órgano que debe velar por la imparcialidad, sea el que controle las escuchas", protestó la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti.
La diputada Diana Conti, también kirchnerista, le repudió a su par Nicolás Massot (PRO) haber firmado en septiembre un acuerdo con la Corte para respaldar su tarea en las escuchas.
"Las Cámaras se expresan por los plenos. No pueden dar una opinión algunos jefes de bloque. La justicia es el poder más oligarca del paÃs, compuesto por gente elegida circunstancialmente. No se puede velar por la antipolÃtica", protestó.
"Yo me haré cargo de las cosas de mi gobierno, ustedes háganse cargo del gobierno anterior", se defendió Massot, en un breve duelo personal con Di Tullio.
"Su problema es que no cree en la república", le replicó Tonelli. RodrÃguez Saá se mantuvo en silencio pero votó en contra, mientras que Pérez si justificó su rechazo.
"El poder judicial no puede aparecer como juez y parte. Sino mañana vamos a poner en duda el régimen de obras públicas y se lo vamos a dar la Corte", explicó y criticó la filtraciones judiciales recurrentes.
"No es sano que la información que debe ser secreto de sumario aparezca en los medios, O que los detenidos hagan entrevistas", cerró Pérez.
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