La oposición se niega a avalar el decreto de necesidad y urgencia que ratifica por tres años los magistrados a cargo del sistema de escuchas, que en los últimos meses permitieron que se filtraran recientes conversaciones de Cristina Kirchner. 

El DNU 102 se tratará mañana en la bicameral de trámite parlamentario, presidida por el kirchnerista Marcos Cleri y dominada por la oposición. Fue firmado el 13 de febrero y en su artículo 1 establece que la Corte Suprema podrá nombrar por sorteo a jueces a cargo del sistema de escuchas pero recién en tres años. 

Mientras tanto el sistema seguirá a cargo de  Martín Irurzun, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, nombrado por la Corte Suprema ni bien Mauricio Macri se lo transfirió, en uno de sus primeros DNU. 

Cristina había pasado a la Procuradora Alejandra Gils Carbó la infraestructura para escuchar charlas telefónicas requeridas a la justicia, tras décadas de estar en manos de la ex Secretaría de Inteligencia, donde fuera el arma predilecta de Antonio Stiuso.  

Para nombrar a Iruzun, la Corte creó hace un año la Dirección de Asistencia judicial en delitos Complejos y crimen organizado del Poder Judicial, donde también ungió como suplente a Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

La dirección  pasó inadvertida durante 2016 hasta que en el verano comenzaron a difundirse las bravuconadas de Cristina a Parrilli, justo cuando el Gobierno no sabía cómo explicar las supuestas cuentas de 600 mil dólares del titular de la AFI Gustavo Arribas en el Credit Suisse, giradas por el cambista brasileo Leonardo Mierelles, según La Nación.

El kirchnerismo puso el ojo en la Dirección y recordó que  el director ejecutivo es Juan Tomás Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Ariel Lijo, uno de los que tiene a maltraer a la ex presidenta.

Macri respondió con este DNU que ratifica a Irurzun y sus laderos hasta el final de su presidenica, una forma también de evitar que la Corte Suprema los remueva en algún momento de tensión de la Casa Rosada.

Irurzun viene dando muestras de afecto al Gobierno: fue uno de los que firmó los procesamientos de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich; y de Jorge Mariotto, ex titular de Fútbol para Todos. 

El decreto establece para dentro de tres años que el sistema de escuchas quede a cargo de jueces penales de rango de cámara designados por sorteo, que serán directores y subdirectores por otros tres años.

Plantea un sistema de rotación por el cual un subdirector en ejercicio asumirá de director y lo sucederá otro juez sorteado. 

A la oposición no le convence: el FpV preparaba esta noche un dictamen en contra y Raúl Pérez, del Frente Renovador, también lo rechazará, porque considera que no es constitucional definir estos asuntos por decreto. 

Cambiemos no logrará así ratificarlo en el Congreso, pero mientras la oposición no junte ambas Cámaras para rechazarlo, Macri podrá dormir tranquilo con las escuchas en manos amigas. A eso apuesta.