Oscar Aguad avanzó este martes en otro paso de sacarse responsabilidades de encima por el caso del Correo y no dudó en involucrar a Mauricio Macri en el escándalo:  "Yo nunca dije que el Presidente no sabía, dije que no lo habló conmigo", dijo el ministro ante la mirada atónita de los diputados de Cambiemos, presentes en el plenario de la comisión de Comunicaciones.

Aguad ya había involucrado a Marcos Peña, días atrás en una entrevista radial con Marcelo Longobardi. Dijo entonces y este lunes lo reiteró que el polémico acuerdo lo cerró, luego de avisarle al jefe de Gabinete.

"Nosotros trabajamos en equipo en serio. Le dije a Peña que había firmado el acuerdo, pero era un tema del Ministerio. Es probable que el presidente sepa del acuerdo, pero por mí no se informaba", agregó, haciendole al macrismo una llave de judo con su remanido concepto del "equipo".

Nosotros trabajamos en equipo en serio, le dije a Peña que había firmado el acuerdo, es probable que el presidente sepa del acuerdo, afirmó con bastante cinismo Aguad.

Las declaraciones del radical no son inocentes ni gratuitas, ya que hay una causa penal en curso. De hecho, apenas un día después de ser allanado por orden del juez Ariel Lijo, el ministro implicó al Presidente en el caso, contradiciendo la estrategia del Gobierno que buscó despegar a Macri del entendimiento con su propia empresa.

Aguad insistió que no hay conflicto intereses a la vista, una hipótesis que ni siquiera le avalaron los diputados radicales en la dura reunión a puertas cerradas que mantuvieron el martes pasado, para preparar el encuentro de este lunes. "Yo creo que no hay conflicto de intereses. Pero como hay dudas vamos a crear un protocolo específico", anunció y dijo que trabaja en esa tarea Elisa Carrió, que ayer respaldó a Macri.

El ministro arribó poco después de las 15 al anexo C de la cámara baja donde lo esperaba el pleno de la Comisión de Comunicación, presidida por Juan Brugge, de la democracia cristiana, pero aliado al Frente Renovador.

Los 42 grados centígrados se sentían en la piel, porque no funcionaba el aire acondicionado. "Quieren que nos vayamos", bromeó José Luis Gioja.

Aguad no llegó a usar los 45 minutos que le habían asignado para explicar el acuerdo por la concesión del Correo que cerró en junio del año pasado con Socma y Sideco, las sociedades controlantes de la concesión de la familia Macri.

El ministro ensayó la defensa a la que apela el Gobierno: En rigor la culpa de este escándalo es del kirchnerismo, que se negó a cerrar un acuerdo con la familia Macri, luego de quitarle la concesión. 

"Esta causa tiene una enorme secuela de complicidades, que van desde funcionarios que debieron activar el crédito para cobrarlo, hasta funcionarios judiciales que tenían la obligación de cuidar el patrimonio público y no lo hicieron", empezó.

"Aquella deuda que en 2003 (cuando Néstor Kirchner estatizó el Correo) eran 296 millones, en 2015 sólo representaba el 10% del capital. La moneda se había depreciado en un 90%. Esta gestión heredó ese problema", se victimizó.

"No había muchas alternativas. Las opciones eran seguir haciendo lo que se hizo durante 10 años, es decir, simulacros de audiencia en el Juzgado; pedir la quiebra de la empresa, pero tampoco íbamos a cobrar nada; o intentar cobrar el 10% que quedaba. Hicimos lo que pudimos. Obviamente hay un enorme quebranto en perjuicio del Estado", cerró.

Después le cedió la palabra a Juan Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia, que firmó el polémico acuerdo por el Correo, para que cobre la deuda de Socma en 15 cuotas anuales -entre 2018 y 2033- a un interés del 7%. La fiscal Gabriela Boquín lo consideró "abusivo".

Mocoroa, el funcionario del Ministerio de Comunicaciones que firmó el polémico acuerdo, afirmó a los diputados que al momento de hacerlo, desconocía que por otro lado la familia Macri reclamaba 2.300 millones de compensación.

Aun así, Mocoroa lo describió con un logro ("rechacé la propuesta y fijé condiciones", se jactó) y aseguró desconocer que el Grupo Macri había iniciado una demanda por daños y perjuicios al Estado, mientras conseguía un acuerdo.

"Tomamos conocimiento del juicio una vez que la fiscal de Cámara nos hace saber. En estos días se produjo la caducidad", informó. En rigor, lo que ocurrió es que ayer en un brusco volantazo, el Gobierno pidió la caducidad de ese reclamo.

Aguad repetiría varias veces que nunca supo de ese juicio por 2300 millones de pesos. "No tenemos los servicios de inteligencia en la justicia", intentó bromear.

Aseguró que no lo notificaron pero que no se quedará de brazos cruzados. "¡Vamos a ir a fondo para que no cobren nada!", sobreactuó.

Aguad soportó estoico las chicanas de la oposición, pero no respondió la mayoría de las preguntas picantes que lo obligaban a salir de libreto.

Felipe Solá fue el más duro "¿Es tan fácil volver a foja cero? ¿O es porque Macri es uno de los dueños de la empresa y dice 'papito, bancátela'?" gritó.

"Todos se preguntan por la plata en negro de los Macri. ¿Y la que tienen en blanco? ¿Se puede volver a fojas cero? ¿La justicia tiene que hacer una propuesta o decretar la quiebra?", continuó el ex gobernador.

Todos se preguntan por la plata en negro de los Macri ¿Y la que tienen en blanco? ¿La Justicia tiene que hacer una propuesta o decretar la quiebra?, interrogó Felipe Solá, uno de los más picantes en los cruces con Aguad.

Y dio un golpe bajo al recordar que los hijos del presidente son accionistas de Socma y que la constructora brasileña Odebrecht, salpicada por el escándalo de corrupción internacional que volteó a la presidenta Dilma Rousseff, fue socia de la compañía de los Macri. En rigor, esta multinacional se habría quedado con la deuda de accionistas del Correo como el Banco Galicia, a través del banco austríaco que usaba para pagar coimas.

Aguad ignoró esos datos pero debió aclarar que la vuelta a fojas cero que anunciara Macri era una metáfora. "Se refería a anular el acuerdo. Y se anuló".

Solá y luego José Luis Gioja le reprocharon no haber usado jurisprudencia para exigir mayores intereses y haberse limitado a la letra dura de la ley de quiebras, "cuando su rol era defender al Estado".

"El acuerdo es lo mejor que pudimos lograr", insistió el cordobés y pidió cambiar la ley de quiebras "porque como está perjudica al acreedor".

La única defensa al gobierno la hicieron los diputados Javier Preto (PRO), Fernando Sánchez (Coalición Cívica) y el radical Mario Barletta.

El primero prometió citar a todos los directores de asuntos jurídicos del área que tuvieron a cargo al Correo los últimos años.

Sánchez insistió en que "el ministro de Comunicaciones y el Correo Argentino de la familia Macri no tiene conflicto de intereses" y Barletta reprochó al kirchnerismo los escándalos de corrupción.

Brügge planea continuar con las reuniones de Comisión sobre este tema y los próximos invitados podrían ser los accionistas de Socma y Sideco y el resto de los acreedores del Correo. Aunque aún no está claro de quienes se trata realmente. Y ese el problema del Gobierno.