En un acto muy celebrado por María Eugenia Vidal y Gustavo Posse, la gobernadora anunció al intendente el traspaso de la administración del puerto de San Isidro de la órbita provincial a la municipal. La oposición, que lo reclamó durante años, no lo leyó como un triunfo sino como un motivo de sospecha y salió a denunciar que el decreto no impide que el intendente aproveche para dar concesiones a privados e incluso hacer "negocios" inmobiliarios en la zona.

Desde la oposición local manifiestan su preocupación por la "puesta en valor del área del puerto y la concesión a privados" y aseguran que el acceso libre a los vecinos ya está "negado" por diversos emprendimientos privados de "dudosa habilitación", que el bloque de concejales PJ-FPV viene denunciando en el Concejo Deliberante.

En diálogo con LPO, el concejal Fabián Brest aclaró que el planteo es que el decreto provincial que le otorga la explotación del puerto no marca que haya "impedimentos para otorgar concesiones o cesiones a privados". Incluso, le da a Posse la facultad de controlar las existentes en el predio, lo que genera inquietud entre los vecinos.

De modo directo, vinculan el decreto de la Provincia con la denuncia de los padres del Hogar Infantil Municipal, que Posse cerró a fin de año y queda en la zona del puerto. El lugar funcionaba hace mas de 50 años y los padres de los chicos de zonas vulnerables que acudían a él denuncian esta situación desde hace dos meses. "Ahora con la entrega del puerto cerró todo, quiere hacer negocios ahí", dicen en off desde la oposición local. 

El municipio expresó en un comunicado oficial que el cierre del hogar sería sólo una medida transitoria, mientras funcionarios locales habrían admitido a los padres que el cierre será definitivo. En concreto, las familias temen que el terreno sea cedido al Club Náutico o se use con otro fin inmobiliario.

Los concejales Leandro Martín y Juan Ottavis también sospechan que Posse podría aprovechar los agujeros del decreto para llevar adelante negocios propios. Se aferran a esta idea haciendo un racconto de denuncias previas y citan como ejemplo de "motivos de sospecha" el intento de cesión al club CASI por 20 años del predio de Bosque Alegre o la privatización gastronómica y comercial de gran parte de la costa sanisidrense. 

También el caso del viejo Hospital de San Isidro, que el Municipio vendió en 2003 a la firma AG Producciones, de Alejandro Gravier, pareja de Valeria Mazza, en el que ahora se construirá un complejo habitacional tras 13 años de "idas y vueltas, quejas de vecinos y proyectos fallidos". Recuerdan además el arreglo con el Jockey Club para cambiar la zonificación y vender parte del Hipódromo a privados en 2011, primero para construir un estadio y en 2014 para comercialización y construcción de viviendas multifamiliares. En diciembre de 2010 el possismo con mayoría automática aprobó la ordenanza y en mayo de 2011 -por "presión de los vecinos"- Posse anuló el proyecto por decreto.

Otro "triste" antecedente del intendente fue en 2012, cuando el intendente vendió el predio municipal ubicado en Thames y Panamericana donde funcionó el centro clandestino de detención Casa SIN, del servicio de inteligencia naval a cargo de Massera y Astiz, donde en la actualidad se construyó un mega complejo de oficinas de grandes empresas.

En un comunicado en el que la oposición local denuncia a Posse por el "ajuste" en San Isidro y lo presiona para que "de respuestas a la Justicia" luego de que el fiscal federal Jorge Di Lello pidiera que se cite a declaración indagatoria al intendente en una causa por supuesta defraudación en la construcción de viviendas sociales con fondos nacionales para un barrio carenciado en ese partido del norte del conurbano bonaerense.