La Cámara de Diputados sancionó la reforma del sistema de ART que crea comisiones médicas para evaluar los accidentes laborales antes de dirimir cualquier diferencia en la justicia, en medio de un escándalo en el cierre de la sesión por conocerse una resolución que modificaba el cálculo de actualización jubilatoria.

"Con las nueva fórmula, las jubilaciones van a aumentar un 2% menos", denunció el kirchnerista Juan Carlos Díaz Roig, reconocido experto en temas previsionales y colaborador de la ley de movilidad sancionada en 2009, cuya fórmula Macri retocó por decreto.

Pero lo peor para el oficialismo vino después: Graciela Camaño y Diego Bossio anunciaron que el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, que eran aliados claves para conseguir la reforma de las ART, se abstendrían en repudio al sorpresivo cambio del sistema jubilatorio.

"¡Si lo que dice la oposición es cierto pido una cuestión de privilegio! ¡El Gobierno tiene que aprender reglas de ética!", gritó Elisa Carrió, para completar un escenario apoteótico en un debate de la reforma del régimen de ART, que tuvo muchas idas y vueltas: fue aprobado en el Senado, Macri lo dispuso por decreto (se excusó en que se venía una avalancha de juicios) pero luego pidió completar el tratamiento en sesiones extraordinarias.

Y fue sancionada con sólo 88 votos, la mayoría de Cambiemos; 22 en contra y 45 abstenciones. Los diputados del FpV-PJ se pararon para invitar al resto de la oposición a dejar la sesión sin quórum, pero no lo lograron.

Atrás habían quedados 5 horas de debates con argumentos similares a los del lunes, cuando Cambiemos tras sufrir un poco había logrado garantizar una ajustada mayoría para sancionar la ley.

Fue clave el apoyo del triunvirato de la CGT en el Senado, ratificado en Diputados. De hecho dos de los defensores fueron los sindicalistas Alberto Roberti, del Bloque Justicialista; y Héctor Daer, uno de los líderes de la central obrera.

"Hubiéramos querido que este proyecto comenzara por la prevención. Desde la CGT fuimos convocados al Senado y aclaramos que este no era nuestro proyecto. Lo que tenemos es nada", se defendió Daer.

"Hoy un trabajador para ir a un pedicuro por un mal calzado que le dio la empresa, tiene que hacer un juicio", insistió.

Otros sindicalistas rechazaron la reforma como Juan Moyano y el camionero chubutense Jorge Taboada, que lo tildaron de inconstitucional.

El mayor vocero de esa tesis fue Héctor Recalde, jefe del bloque FpV y un histórico opositor al sistema de ART, que propuso preservar "el derecho de acceder a la Justicia a quienes optan por otro sistema de responsabilidad que no tiene nada que ver con las comisiones médicas".

Axel Kicillof había sido más vehemente: "¿Quieren evitar juicios contra las ART? ¡Pero si no están perdiendo plata! ¡Ganan una fortuna!.

El objetivo del Gobierno es que las comisiones médicas eviten que trabajadores lesionados vayan a la justicia si no están conformes con las indemnizaciones recibidas, un viejo reclamo de las ART y las empresas.

Estas últimas sufren menos juicios desde 2012, cuando Cristina Kirchner impulsó una ley para impedir que un trabajador cobre el seguro y vaya a la justicia civil.

Pero las ART nunca dejaron de recibir demandas y pidieron la ley que consiguieron hoy, con más esfuerzo del esperado.

El cierre estuvo a cargo del radical Luis Petri, quien recordó que "de 120 mil juicios al año que tienen una duración promedio de tres años. Nos meten el miedo de la inconstitucionalidad, pero es inmoral que sostengamos el status quo". Después surgió la noticia de la baja de jubilaciones. Y la sesión casi se cae.