El Gobierno buscará este año sancionar una ley para impedir demandas judiciales contra empresas de internet como Google y Facebook por los contenidos que publican. 

El proyecto fue aprobado fugazmente en el Senado y es una de las prioridades de la agenda de la Cámara de Diputados que empezará en marzo.  Se trata de un viejo reclamo de los buscadores Google y Yahoo!, que en 2006 sufrieron un fallo de primera instancia que los obligaba a indemnizar a la modelo María Belén Rodríguez por la aparición de su nombre en páginas vinculadas a la pornografía y la oferta sexual.

Las compañías apelaron y en 2014 lograron un fallo favorable de la Corte Suprema, que en una votación dividida consideró que responsabilizar a los buscadores sería como sancionar a una biblioteca “que a través de sus ficheros y catálogos, ha permitido la localización de un libro de contenido dañino, so pretexto que habría ‘facilitado’ el daño”.

Esa fue la interpretación de Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia, un riesgo para Google y Yahoo!, porque ambos siguen en el Tribunal.

Temerosos de que otro juez los vuelva a hacer deambular por Tribunales, las compañías lograron que el Senado aprobara un proyecto que elimina cualquier responsabilidad penal de los “motores de búsqueda” en internet.

Fue presentado por Federico Pinedo, quien además de presidente provisional del Senado es un experimentado abogado de empresas de comunicación como Telefónica, motivo que lo dejó en el medio del fuego cruzado de esa multinacional con Clarín por las últimas regulaciones y le costó una denuncia penal.

Pinedo logró aprobarlo su proyecto en la sesión del 2 de noviembre, por unanimidad y sin debate y con senadores del FpV-PJ reclamando saber que se estaba tratando.

Tan desapercibido pasó que esta semana algunos diputados se anoticiaron del tema cuando regresaron de vacaciones y repasaron la agenda parlamentaria.

Y empezaron a recibir llamados de activos lobbystas de Google, Yahoo! y también de Twiter y Facebook, que en los últimos años se posicionaron como distribuidores de contenidos -que hacen y pagan los medios- por excelencia.

Para el gobierno de Mauricio Macri estas empresas son el corazón de su comunicación con el público, tal es así que Google y Facebook se posicionaron rápidamente entre los mayores receptores de publicidad oficial pasando en el 2016 de cero que recibieron durante el kirchnerismo a más de 80 millones, aun cuando el propio Gobierno en el proyecto de Pinedo los define sólo como “proveedores de servicio” de internet.

De hecho, como reveló LPO en exclusiva, el equipo que conduce Marcos Peña apuesta toda a una mega plataforma llamada "Movilización" que se integra con las redes y Google, para ganar las elecciones de octubre.

Como sea, en el proyecto de Pinedo los proveedores quedan divididos según el uso que hagan de sus datos. Están aquellos dedicados a su “alojamiento”, a su “acceso, interconexión, transmisión o direccionamiento”, su “almacenamiento automático o memoria temporal (cache)” y al “enlace, búsqueda y directorios de contenidos o información”.

Y en ningún caso serán responsables de los contenidos almacenados o transportados. Para mayor protección, se aclara que “no se considerará modificación de datos a la variación estrictamente técnica del formato “, o la copia de los mismos para su transporte en la web.

La única exigencia para los proveedores de búsqueda de contenidos que plantea la ley es la de agregar a sus sitios webs una dirección de correo electrónico para la atención de reclamos de usuarios afectados, quienes ya no podrían culparlos de nada.