El Gobierno contraatacó luego de la denuncia de la fiscal Gabriela Boquín que destapó el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino de la familia Macri y consiguió vincularla con el kirchnerismo.

En el gobierno apuntaron que Boquín, que juró en febrero de 2015 y anteriormente no ocupaba ningún cargo en la justicia, es amiga personal de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó.

En el Ejecutivo aseguran que la fiscal está muy relacionada con Ricardo Nissen, quien supo ser titular de la Inspección General de Justicia durante el anterior gobierno y está muy identificado con el kirchnerismo. Boquín tiene en su plantel a la esposa del Juez Comercial Sánchez Cannabo, que anteriormente trabajaba para Nissen.

“Cuando recién arribó a la Fiscalía tuvo el expediente Ciccone y lo frenó”, explicaron a LPO altas fuentes del Ejecutivo.

En la Rosada aseguran que Boquín tiene relación asidua con la Procuradora (la designó a cargo del Programa de Usuarios y Consumidores y la puso en la Comisión sobre notificaciones electrónicas) y que en el día que se difundió el dictamen mantuvo decenas de comunicaciones con distintos funcionarios de la Procuración.

En la reunión anual de Fiscales conformó un panel que analizó el traspaso de la justicia a la Ciudad que impulsa el Gobierno y Boquiín fue categorica en su oposición al mismo a punto tal que llegó a afirmar que el traspaso de la justicia comercial era funcional a intereses económicos.