La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo de Germán Garavano le dio a la empresa Uber un plazo de 10 días hábiles para que inscriba la información que posee de acuerdo a las exigencias de las leyes del país.

El organismo es donde deben registrarse quienes posean bases de datos en el país. El plazo que le dieron es de 10 días y se suman a otro frente de batalla de Uber en Argentina, luego de los taxistas, el Gobierno de la Ciudad, la justicia porteña y el fiscal Martín Lapadú.

“La DNPDP cita y emplaza por el plazo de 10 día hábiles a las sociedades Uber BV/Uber Technologies Inc. o cualquier otra entidad o persona humana, nacional o extranjera, que administre el sitio web y su aplicación móvil en la República Argentina a inscribir las bases de datos personales a los que da tratamiento ante el Registro Nacional de Bases de Datos de acuerdo a lo establecido por el Art. 3º de la Ley 25.326” reza la resolución que se publicó en el Boletín Oficial.

En tanto, desde el Ministerio de Justicia informaron que la medida surgió de “la investigación de oficio que se inició durante 2016 con motivo de requerir a Uber que explique las medidas implementarias para dar cumplimiento con la ley de Protección de Datos Personales y demás normas reglamentarias”.

"La publicación de edictos se produce como última vía para hacer conocer el requerimiento a la empresa, dado que la Dndpd ha intentado todos los medios de notificación posibles habiendo resultado inoficiosos", señaló el comunicado. En tanto, fuentes de Uber consultadas por Télam dijeron desconocer la resolución del Ministerio.

Desde su llegada al país Uber no termina de instalarse en Buenos Aires por los frenos que le impusieron primero los taxistas, con las manifestaciones y algunos episodio violentos que denunciaron desde la empresa de transporte. 

Luego, en respuesta a los pedidos de Viviani para que el Estado intervenga, el Gobierno de Larreta creó una aplicación llamada “BA Taxi” con un funcionamiento similar al de la empresa internacional que funcionaría como competencia de la misma.

Asimismo, Martín Lapadú en representación de la justicia porteña también enfrento a la empresa cuando allanó sus oficinas y acusó a los directivos por evasión impositiva. Posteriormente pidió la detención de los mismos por “continuar con la actividad ilícita”, aunque fue negado por la jueza María Fernanda Botana, subrogante del Juzgado 16 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.