El kirchnerismo rechazó el decreto de Mauricio Macri que modificó la ley de migraciones, respaldado por sectores del PJ y por Sergio Massa, pero denostado esta tarde la ONG Amnistía Internacional.

El vocero fue el diputado mendocino Guillermo Carmona, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien no dudo en emparentar al presidente con su par de Estados Unidos, Donald Trump.

“Unos son muros de concretos y otros por decreto”, sostuvo en diálogo ante LPO y aseguró que sus pares del FPV buscarán frenar el DNU en el Congreso, aunque no así los del Senado, donde el jefe Miguel Pichetto es uno de los promotores de esta medida.

El director de Migraciones de Argentina Horacio García, rechazó hoy que haya una actitud xenófoga. "El decreto solamente atañe a la cuestión de seguridad y no tiene que ver con cambios en la política migratoria, que sigue siendo profundamente amplia".

Para Carmona, la legislación actual le permite al Gobierno controlar las fronteras y deportar a los extranjeros que cometan delitos, un planteo que los diputados del FpV le hicieron a la propia Cristina Kirchner hace dos años, cuando Sergio Berni buscó sin éxito una legislación más dura para los residentes extranjeros. 

“Con un fortalecimiento tecnológico alcanza para reforzar controles. Ninguna de estas medidas aportará mayor seguridad al país”, sostuvo el mendocino.

Carmona aclaró que conversó durante el día con sus pares y el mayor cuestionamiento no es la facultad de frenar el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales sino los límites a la defensa en juicio de quienes ya son residentes.

“Están limitando la defensa a 3 días hasta para casos contravencionales. Es absolutamente anticonstitucional y se corresponde con el discurso discriminatorio, estigmatizando y xenófobo de Patricia Bullrich”, sostuvo el mendocino.

Aunque ningún otro sector político se opuso a la reforma migratoria por decreto, algunas organizaciones lo cuestionaron como como Amnistía Internacional, que advirtió sobre “el impacto en los derechos humanos”.

“Alarma a la organización internacional el establecimiento de una política regresiva que introduce impedimentos para el ingreso y la permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas y vulnera el derecho de defensa", sostuvo en comunicado.