Provincia
Conte Grand asegura que habrá un control de la evolución patrimonial de los fiscales
El procurador general dijo que modificará todo el régimen de declaraciones juradas.

El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, aseguró que hará más riguroso el régimen de presentación de declaraciones juradas de los fiscales e incluirá “un seguimiento de la evolución patrimonial” de los funcionarios a su cargo.

"Vamos a modificar todo el régimen de declaraciones juradas que hoy es un sistema en el que la información que se proporciona es muy básica y se hace quinquenalmente", explicó el funcionario, en una entrevista con El Día.

El procurador también señaló que en el área a su cargo el futuro sistema apuntará a que "se proporcione más información, con más detalle, que se haga anualmente, habilitar la posibilidad del seguimiento de la evolución patrimonial cruzando la información con registros oficiales, ARBA o AFIP", explicó el funcionario que asumió el 28 de diciembre pasado en reemplazo de María del Carmen Falbo, quien renunció al cargo.

Además, dijo que impulsará las "oficinas de puertas abiertas" con el objetivo de "salir mucho a la calle y mostrar a la Procuración y sus cuatro áreas (fiscalía, defensoría, curaduría y asesorías) y que la gente entienda qué hacemos".

Según dijo Conte Grand, "transformar la imagen que tenemos implica un esfuerzo de gestión muy grande, por eso les he planteado a los funcionarios que mi actitud va a ser de estar presente con ellos pero al mismo tiempo exigirles. Les he advertido que voy a hacer un seguimiento muy estricto de la gestión".

Conte Grand agregó además que existen problemas edilicios “muy serios” y explicó que se inició un relevamiento. “Tenemos lugares que son propios, lugares alquilados a terceros, otros que alquila la Corte y nos cede en comodato y otros que alquila el municipio y nos lo ceden. Queremos en un mediano plazo que toda la situación edilicia esté en cabeza de la Procuración. Si el que alquila es el municipio, las necesidades políticas suelen ser incompatibles con las decisiones judiciales”, explicó.

Pero también habló de necesidades de personal “Son aproximadamente 500 casos pendientes de resolución, más los concursos y trámites de designación que son cargos funcionales jerárquicos de fiscales o defensores”, sostuvo.

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