María Eugenia Vidal impulsará este año una ampliación del régimen del ‘arrepentido’ para avanzar en la lucha contra el delito organizado. En las próximas semanas, el Ejecutivo enviará a la Legislatura un proyecto que reducirá la pena de quienes brinden información que permita avanzar en la investigación de ilícitos complejos.

“El ‘arrepentido’ es una figura que sirve para delitos de algunas complejidad. La idea es que una persona pueda aportar información sobre el resto de los integrantes de mayor jerarquía en una organización criminal”, explicó a LPO el subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi.

La iniciativa complementa la ley nacional que aprobó el Congreso en octubre pasado que dispone que puede aplicarse la figura a los casos de corrupción, los que implican delitos contra el Código Aduanero y de asociación ilícita.

Pero la novedad más importante es que, en su artículo primero, la reforma que propondrá Vidal a los legisladores extiende a todos los delitos cometidos por organizaciones criminales. Es decir que tiene que haber más de una persona involucrada para que puede existir la delación, una facultad que es de exclusivo resorte provincia, por lo que no se había avanzado cuando se aprobó la ley nacional. Desde el Ejecutivo mencionan casos como de piratería del asfalto u organizaciones que toman terrenos.

Otra novedad que aporta el proyecto es la posibilidad de que se archive la causa contra el arrepentido, cuando esté estuviera imputado por delitos leves, con penas previstas menores a los 3 años de cárcel. Al mismo tiempo, los hace declarar en calidad de testigos (no de imputados) por lo que su testimonio tendría más valor para el juez, al tiempo que si miente, quedaría expuesto a un proceso por falso testimonio.

La intención es que pueda haber arrepentidos para delitos en los cuáles actúan bandas complejas pero que habían quedado fuera de la ley nacional, como la piratería del asfalto o las tomas organizadas de terrenos. Un ejemplo práctico de cómo funcionario el nuevo régimen es justamente el caso de las tomas de terrenos, en general protagonizadas por personas de bajos recursos que actúan por cuenta de organizaciones.

En ese caso, podría ofrecérsele al imputado el archivo de la causa porque la pena es menor a tres años, a condición de que declare como testigo sobre quién impulsó el delito. A su vez, podría acogerse al régimen de testigo de identidad reservada que existe en la provincia. Y quedaría expuesto a un proceso penal complementario por falso testimonio si la información que entrega no es certera.

Massa con proyecto propio

Ramiro Gutiérrez.

Aglaplata

El Ejecutivo salió a promover sus intenciones de avanzar con un proyecto de ley luego que el Frente Renovador desempolvara un viejo proyecto presentado por el diputado Ramiro Gutiérrez, hoy vicepresidente de la Cámara.

Gutiérrez, mano derecha de Sergio Massa en temas jurídicos, busca darle curso a su propuo texto que también propone modificar el Código de Procedimiento Penal.

De acuerdo a la propuesta del massista, al que LPO pudo tener acceso, los fiscales de la Provincia podrán suspender la acción penal abierta contra un imputado que colabore eficazmente en la investigación, aporte información esencial para evitar que continúe el delito o se realicen otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione datos útiles para probar la participación de otros imputados en esos ilícitos.

El arrepentido que colabora con la Justicia y que logra así reducir su condena es una figura que no está contemplada en la legislación bonaerense, destaca Gutiérrez.

La suspensión de la acción penal la dispondrá el fiscal, dice el proyecto del legislador massista, siempre que la pena que le correspondiera al “arrepentido” sea menor que la de los delitos que ayude a esclarecer.