La iglesia salió al cruce de la propuesta del gobierno para bajar la edad de imputabilidad evocando definiciones del Papa Francisco en su época de cardenal.

"La intención del Poder Ejecutivo de la Nación de impulsar una reforma legislativa tendiente a la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones 'Ni un pibe menos por la droga'", señaló un comunicado de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

"No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley penal en casi 'enemigos sociales'. No podemos mirar solamente la 'fotografía' del hecho que han cometido, sino que debemos mirar la 'película de su vida' para atrás, y así seguramente advertiremos la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares vulnerados, que también habrá que considerar y hacer cumplir", sostienen.

La CEA tiene cercanía al papa Francisco y en la misma carta lo citan en sus épocas de cardenal, cuando rechazaba la baja de imputabilidad con una carta enviada a jóvenes en 2005.

Esa vez recordó que el 50 por ciento de los pobres en Argentina son niños y que esos niveles de indigencia se expresaban "dramáticamente", en el presente y en el futuro, "con consecuencias ciertas a partir de carencias nutritivas, ambientales, insalubridad, violencia y promiscuidad naturalizadas, que condicionan su crecimiento, problematizan su relación personal y tornan dificultosa su inserción social y comunitaria".

"Frente a esta realidad de nuestros niños y adolescentes aparecen reacciones diversas que se orientan a un acostumbramiento progresivo de creciente pasividad e indiferencia, una suerte de normalidad de la injusticia; o, por otra parte, una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control que va, desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización",

También citan otro párrafo de la misma Carta referido al encierro de menores en institutos: "Si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la institucionalización, los tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados. Esto queda demostrado ya que ocho de cada diez presos adultos pasaron por Institutos de Menores. Es preocupante además que mientras cuatro de cada diez chicos ingresan por causas penales, el resto ingresa por causas asistenciales, porque su familia no puede hacerse cargo de ellos o porque son víctimas de violencia".