La justicia platense libró este jueves una orden de detención para Mariano Bruera, hermano del ex intendente de La Plata, Pablo Bruera, en una causa por supuesto pedidos de coimas y asociación ilícita para habilitar lotes destinados al plan Pro.Cre.Ar.

De acuerdo a los voceros, la jueza de Garantías Marcela Garmendia, que subroga a Pablo Raele, denegó hoy el pedido de hábeas corpus presentado el lunes pasado por el abogado defensor de Bruera, Alejandro Montone, y ya notificó al letrado de esa decisión.

De este modo, quedó firme la orden de detención formulada por el fiscal Jorge Paolini para que el hermano del ex jefe comunal sea detenido acusado de liderar una “asociación ilícita” de ex funcionarios que pedía dádivas a quienes buscaban zonificar un terreno para su posterior venta.

La jueza Garmendia denegó el hábeas corpus presentado por el defensor de Bruera y ordenó su inmediata detención por el delito coimas y asociación ilícita.

Según confirmaron fuentes judiciales, tras el fallo “se notificó a los abogados de ambas partes y como al momento Mariano Bruera no se presentó quedó en rebeldía, es por ello que técnicamente está prófugo. O se entrega, o lo detienen”.

El pedido de detención que había sido librado el pasado 19 de diciembre había quedado en suspenso luego de que el juez Raele ordenara hacer lugar a un planteo de la defensa para que el requerimiento fiscal fuera revisado por jueces de cámaras.

No obstante por unanimidad el tribunal que encabeza el Doctor Agüero dispuso “denegar el beneficio de eximición de prisión”. En la resolución dada a conocer hoy se entiende que “su condición de funcionario público, la importancia del daño patrimonial causado y la circunstancia en que se halla la investigación, puede razonablemente inferirse que el funcionario podría entorpecer la investigación para impedir la obtención de nuevos elementos probatorios”.

El concejal Gabriel Bruera fue a protestar a la fiscalía que ordenó detener a su hermano.

Aglaplata

Así mismo se anticipa que “el aprovechamiento de la estructura funcional, recursos y medios pertenecientes al municipio llevan a considerar que la pena, de recaer condena será de cumplimiento efectivo”.

La causa comenzó cuando Guillermo Andreau, un vecino y empresario, denunció que funcionarios del gobierno municipal le pidieron, en 2014, la suma de 200.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del Pro.Cre.Ar.

De acuerdo a las escuchas telefónicas que constan en la causa, tanto Bruera como el ex director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró, y el ex secretario de Gestión Pública, Enrique Sette, integraban una “red de corrupción” que operaba en el municipio platense.

Paolini también involucró a los empleados Cristian Ybarra y Raul Moriatti, quienes desde 10 días ya se encuentran detenidos.

El fiscal le imputa a Sette, Moreno e Ibarra los delitos de “exacciones ilícitas y cohecho pasivo” y por formar parte de una asociación ilícita todos estos hechos en concurso real. A Petró y a Bruera les atribuyen el delito de asociación ilícita.