La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, firmó el decreto 2102 que se encarga de vetar un artículo clave de la ley de Presupuesto que le había impuesto la oposición para influir en las obras a realizar con el Fondo de Infraestructura Municipal, una caja de $8.500 millones que los intendentes peronistas habían exigido.

En el decreto, la Provincia establece que "corresponde a las áreas técnicas" del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos "todo lo inherente a las obras públicas de vivienda, hidráulicas, viales, de transporte, sobre la costa y proyectos para apertura y conservación de las vías navegables y, finalmente, su mantenimiento”.

Lo que hace es anular el inciso 1 del artículo 45 de la ley de Presupuesto 2017, que facultaba a la Comisión Bicameral de seguimiento del Fondo de Infraestructura Municipal –de mayoría opositora- a opinar sobre las prioridades de obras previstas para las comunas, e incluso la habilitaba a "recomendar" la realización de determinados trabajos. En llano, buscó quitarle poder a la Legislatura de controlar las obras de infraestructura en las que invertirá la Provincia. 

A través del decreto 2102, Vidal buscó evitar que la oposición dictamine sobre las obras de infraestructura en las que invertirá la Provincia a través del Fondo de  $8.500 millones

El artículo aprobado por los legisladores autorizaba a la Bicameral a "asesorar y dictaminar previamente respecto a las prioridades previstas en los respectivos planes de obras, practicando las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente". Asimismo, permitía requerir la presencia de funcionarios provinciales para brindar explicaciones, la única función que permanecerá en pie tras el veto de Vidal.

Esa bicameral debería integrarse por cuatro jefes de bloque de Diputados y cuatro del Senado, lo que hizo temer a Vidal que las obras quedaran rehenes de interminables negociaciones en la Legislatura. Incluso, afirmaron a LPO fuentes del gobierno provincial, intendentes opositores avalan la modificación.

"Esto no es contra los intendentes, los 8.500 millones para obras en municipios se acordarán con ellos", como estaba previsto, agregaron las fuentes.

Los intendentes peronistas Juanchi Zabaleta y Bali Bucca, en la Legislatura cuando se negoció el presupuesto.

Aglaplata

Sin embargo, la decisión sorprendió a los intendentes peronistas que se enteraron del veto por los medios y no les cayó bien, según pudo confirmar LPO. "Esto se había negociado con Salvai, De la Torre y Lacunza para que tengamos un reaseguro de que se iba a cumplir lo acordado", agregaron las fuentes.

Por ahora, la decisión de los intendentes -al menos los del dialoguista Grupo Esmeralda- es no hacer declaraciones públicas para no escalar el conflicto, pero no descartaban que el senador Patricio García, el jefe del bloque del PJ, salga a criticar la decisión. "El fue quien piloteó las negociaciones y con esto quedo descolocado", agregaron las fuentes.

La decisión de la gobernadora quedó oficializada en la última edición del Boletín Oficial de 2016, el 30 de diciembre pasado. En la fundamentación del veto, consideró que "les corresponde a las áreas técnicas" de la cartera de Infraestructura todo lo que respecte a las obras, facultades que de acuerdo a la interpretación oficial habían sido atribuidas a la Bicameral.

Según el Ejecutivo, "la objeción planteada no altera la aplicabilidad, ni va en detrimento de la unidad de la Ley". Sin embargo, con esta decisión le saca a la oposición una herramienta de presión. Desde la Gobernación aclararon de todas maneras a LPO que "la intención de Vidal es escuchar a los intendentes y la oposición y de ninguna manera se les está impidiendo que opinen sobre las obras".