El referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, fue denunciado este martes penalmente en los tribunales federales por la Oficina Anticorrupción porque supuestamente no habría presentado la obligatoria declaración jurada patrimonial cuando era secretario de Estado durante el kirchnerismo.
Fuentes judiciales informaron que el organismo del Ministerio de Justicia de la Nación hizo la presentación en la Cámara Federal porteña y por sorteo recayó en el juez federal Daniel Rafecas y la fiscal federal Paloma Ochoa.
De este modo, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, le complicó al Gobierno la relación con uno de los movimientos sociales más grandes de la provincia de Buenos Aires.
En noviembre pasado, Pérsico y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, negociaron el proyecto de ley de Emergencia Social que aprobó el Congreso para otorgar hasta 2019 unos 30.000 millones de pesos a los movimientos sociales, que podrían tener su propia obra social.
Con este acuerdo, Stanley evitó conflictos sociales de fin de año. Casualmente, Alonso hizo la denuncia una vez terminado el año. Desde el ministerio de Stanley dijeron a LPO que siguen en “contacto permanente” con Pérsico.
La OA solicitó que se investigue si Pérsico incurrió en el artículo 268/3 del Código Penal que castiga con 15 días a dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua a quien "estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo".
Pérsico, fundador en los años '90 de "Quebracho" y luego apartado de esa organización, ocupó durante el kirchnerismo los cargos de subsecretario de Comercialización de la Economía Social, en el Ministerio de Desarrollo Social, y secretario de Agricultura Familiar, en el Ministerio de Agricultura.
Junto al dirigente del Movimiento Evita, la OA también denunció penalmente a otros 22 ex funcionarios. En julio último la OA informó que casi la mitad de los funcionarios públicos obligados a hacerlo omitieron presentar su declaración jurada de bienes y concluyó que el grado de cumplimiento es prácticamente nulo en algunos organismos de las fuerzas de seguridad.
El universo de funcionarios y ex funcionarios de la administración nacional que están obligados a informar su patrimonio ante la OA es de 47.329 personas, pero según el listado oficial, los cumplidores eran sólo 24.933, es decir, 52 por ciento del total.
En cambio, 16.039 avanzaron con el trámite pero sin "cumplimiento informado" a la OA, y 6.125 estaban catalogados directamente como "incumplidores"; un grupo de 232 quedó en la categoría de "iniciales en término" pero fuera de los cumplidores. Las universidades nacionales, las fuerzas de seguridad y los ministerios de Cultura, de Ambiente y de Relaciones Exteriores y Culto se encuentran con escaso índice de "cumplidores".
En el desagregado por organismos, los funcionarios de la AFIP tenían un 95 por ciento de cumplimiento, en el otro extremo de lo que ocurre con las fuerzas de seguridad: Cero por ciento de cumplimiento en la Policía Federal (2 de 1425 obligados), en la Prefectura Naval (2 de 1068) y en la Gendarmería Nacional (7 de 3830).
En las universidades nacionales, los índices de presentación no pasan de cinco por ciento, mientras que en el Ministerio de Cultura se llega a 11 por ciento. Cancillería registraba 25 por ciento de cumplimiento, Defensa el 35 por ciento, Energía y Minería 54 por ciento, y Transporte, el 100 por ciento (21 de 21).
