El Gobierno cerró este martes la redacción final de la reforma del impuesto a las Ganancias con algunas incorporaciones de último momento, como la suba al 41.5% de la alícuota a los juegos de azar, el sector elegido por Mauricio Macri para cubrir la mayor parte del bache fiscal.

La respuesta no se hizo esperar: los principales operadores del juego empezarán el miércoles un paro de actividades que golpeará fuerte la recaudación de provincias y municipios con actividad lúdica. Paradójicamente, dos de los distritos más golpeados son gobernados por Cambiemos.

La primera es la provincia de Buenos Aires que recauda del juego nada menos que un 15% de sus ingresos propios.

La otra es Mendoza, donde se logró la radicación de grandes marcas internacionales de hoteles, como el Hyatt, a cambio de habilitarles la operación de casinos, para sostener su recaudación que con el ingreso único del turismo no justificaría semejante inversión.

El proyecto fue redactado por los senadores de la Comisión de Presupuesto del Senado, que a cargo de Juan Manuel Abal Medina (FpV-PJ) y Julio Cobos (UCR) leyeron sus principales aspectos y tras un breve debate lograron un dictamen sin problemas.

Como adelantó LPO, el juego y el dólar futuro fueron los impuestos exigidos por la oposición aceptados por el Gobierno, pero en el texto final el primer rubro fue por lejos el más castigado.

El Gobierno aceptó eliminar un impuesto directo a las máquinas tragamonedas, que la oposición siempre consideró una doble imposición con las provincias, pero aplicó un fuerte gravamen a las apuestas.

Será de 0.75% para los juegos de azar y de 2% para las apuestas online. “Estamos gravando el consumo, como se grava el de bienes materiales”, minimizaban los senadores de todas las fuerzas.

La suba de la alícuota del 35 al 41.5% abarca "juegos de azar en casinos (ruleta, punto y banca, blackjack, póker y/o cualquier otro juego autorizado) y de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas o plataformas digitales".

Se trata de una jugada arriesgada, porque la Corte Suprema consideró confiscatorio alícuota superior al 35% y Mauricio Macri le impidió a Alfonso Prat Gay utilizarlas cuando mandó el proyecto a Diputados. Sus legisladores las terminaron incluyendo.

El capítulo lúdico tiene dos agregados curiosos. El Gobierno se reserva derecho a aumentar hasta el 50% o eliminar por completo el impuesto a la apuestas, tomando como parámetro tipo de actividad y la zona geográfica que considere relevante. O sea, los empresarios aún pueden negociar. Y para darles una caricia, se establece una prisión de 3 a 6 años para los operadores del juego clandestino. 

El Gobierno rechazó el reclamo opositor para restituir las retenciones a la minería y gravar los plazos fijos de más de 1.5 millón de pesos, pero aceptó aplicarle un 15% a los contratos de dólar futuro, la operación estrella fines de 2015 por las expectativas de una devaluación generadas por el propio Mauricio Macri antes de asumir. Pero el impuesto sólo será por un año y para las operaciones especulativas.

El costo fiscal de la reforma fue estimado por Cobos en 49.598. El presupuesto de este año había previsto una merma en la recaudación de 27 mil millones por actualizar Ganancias y el Gobierno calcula que esa suma se elevará sólo a 33.782. 

Según Cobos, el resto se compensará con 6782 millones de pesos de nuevos impuestos y otros 9 mil captados por el consumo. El proyecto crea el IVA a extranjeros que trabajan en el país a pagar por empleadores, pero su impacto en la recaudación será mínimo porque servirá como crédito fiscal.  

Como Ganancias se reparte con las provincias, los gobernadores deben absorber una parte de los casi 7 mil millones restantes y para compensarlas el Gobierno dispuso solo por este año girarles un año el 33% del 2% de la recaudación de Ganancias que engrosa los Aportes el tesoro nacional (ATN), nutrido en su mayoría por el 1% de toda la masa de recursos coparticipable. 

Contra lo que se esperaba, en el debate de la Comisión esa medida no fue celebrada. La senadora formoseña Graciela De la Rosa (FpV) y la misionera Sandra Giménez recordaron que ese 2% no suma más de 10 mil millones y por lo tanto la tercera parte no logra cubrir el nuevo bache fiscal. En compensación, exigieron coparticiparlo dos años, pero no lo consiguieron. 

“Les tengo que recordar que los ATN son de las provincias y no de la Nación, sólo que se distribuyen en forma discrecional por el Ministerio del Interior”, achacó De la Rosa, quien entre queja y queja se garantizó que el reparto de este dinero sea por el índice de coparticipación tradicional, favorable a los distritos más chicos. En gestiones anteriores, los ATN eran en su mayoría girados a los intendentes del conurbano, a quienes ya nadie defiende en el Congreso. 

La nueva ley 

El dictamen será aprobado por el pleno del Senado (hay preferencia para tratarlo sin dictamen) y el jueves será ley en Diputados, donde el único bloque relevante que no se pronunció a favor fue el Frente para la Victoria.

Para evitar contratiempos, el diputado Luciano Laspina convocó a la comisión de Presupuesto para mañana a la noche con la intención de emitir dictamen y poder sancionar la ley el jueves por mayoría simple, o sea, sin depender del kirchnerismo. 

El proyecto, al que accedió LPO, sostiene el anunciado mínimo imponible de 37 mil brutos para casados con dos hijos (30 mil de bolsillo) y 27 mil para solteros (23.500 netos) con deducciones a hijos de 18 años, hijastros, conyugues, por material didáctico de docentes o residencia en la Patagonia, donde los topes se elevan un 22%.

También se deducen horas extras en feriados y fines de semana, mientras que el resto no podrán alterar la escala del impuesto. Y viáticos hasta el 40%, pero con un límite mayor  para el transporte de larga distancia. El paro del lunes tuvo algún sentido. El aguinaldo seguirá gravado pero no podrá alterar los salarios de julio y diciembre. 

Los jubilados seguirán pagando Ganancias pero sólo si perciben más de 6 haberes mínimos, cerca de 30 mil pesos.  

Los límites de la cuarta categoría del impuesto, que abarca a empleados, serán actualizados por el índice por Ripte, que conjuga recaudación y aumentos salariales y se usa para actualizar las jubilaciones. El primer retoque será en 2018.

El proyecto sostiene las escalas ideadas por el proyecto original del Gobierno, tal vez uno de los cambios más revolucionarios porque no se tocaban desde 2000.

Quien alcance el tope para empezar a pagar el impuesto sólo cederá entre el 5 y el 9%  de su sueldo (no tendrá un año de 2% como decía el proyecto de Prat Gay), pagarán 12% los ingresos de más de 40 mil pesos y la progresión continúa hasta 35%, que sólo tributarán las ganancias mayores a 320 mil pesos.

Otro tramo del proyecto son los cambios al monotributo. Los topes de facturación subirán de 400 a 700 mil para servicios y de 700 a 1.050.000 para transacción de bienes muebles.

Se podrá cambiar de categoría en forma inmediata y no esperar 3 años, mientras que las tasas de los monotributistas también se elevarán un 75%, otra fuente de recaudación para paliar la reforma.

También se tocan los máximos de operación (de 1000 a 4000), los ingresos previos a inscripción (de 24 a 96 mil), el límite para la incorporación (5 a 20 mil) y la excepción para cooperativas de trabajo (24 a 72 mil).

El proyecto no tuvo sorpresas, como fue habitual este año en cada norma relevante de Macri que comprometía a la oposición. Lo intentó cuando Rodolfo Urtubey, del FpV-PJ pero cercano a la Casa Rosada, intentó imponer un proyecto con novedades como un régimen de garantías a inversores. Nada de eso hay en este dictamen.