Rogelio Frigerio acordó con una mayoría de ministros de Economía de provincias firmar un comunicado para exigirle al Senado frenar el debate por Ganancias, que esta tarde no logró un dictamen de Comisión y quedó en suspenso.

La reunión se concretó en la Casa Rosada y la idea, según contaron a LPO fuentes al tanto de las negociaciones, es tener un proyecto de Ganancias mejorado que tome como base el enviado por el Gobierno a Diputados, que no pasó el filtro del recinto. 

Un par de horas antes, el Gobierno ya había conseguido el guiño de 9 gobernadores (7 de ellos peronistas) que se reunieron en el hotel Savoy, tal como había anticipado este medio en exclusiva, para pedir que la discusión por Ganancias "comience de nuevo".

"El Gobierno cometió errores, pero eso no justifica rechazar la lícita idea de parar la pelota y que se discuta este proyecto en una mesa que estemos todos", dijo el ministro del Interior, que trabajó uno a uno el consenso para sacar el comunicado.

El comunicado lleva la firma de al menos veinte gobernadores, menos San Luis y La Pampa que no integran el Consejo de Responsabilidad Fiscal, y el rebelde Gildo Insfrán de Formosa, que quedó en absoluta soledad.

El titular de la AFIP, Alberto Abad, expuso al principio de la reunión sobre el impacto que tendría el proyecto opositor en cada una de las provincias. Luego, fue el turno de Frigerio, quien habló con cada uno de los ministros para convencerlos de trabajar en un proyecto consensuado.

Y fue clave un gesto del ministro del Interior: les aseguró a los funcionarios provinciales que Macri no vetaría la ley por más que saliera sin cambios, aunque sí realizaría algunas correcciones.

“Habiendo conocido el impacto fiscal real del proyecto que recibió media sanción en la Honorable Cámara de Diputados, expuesto el día de la fecha por el director Ejecutivo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los ministros o secretarios de Economía de las provincias acuerdan solicitar al Congreso Nacional posponer el tratamiento en el recinto del proyecto hasta tanto se pueda evaluar el efecto sobre las finanzas públicas nacionales, provinciales y municipales, sus consecuencias sobre el financiamiento de la obra pública, gastos de funcionamiento y los efectos sobre los servicios esenciales del Estado (salud, educación y seguridad)”, señala el documento que firmaron todos los representantes de las provincias, a excepción del formoseño, que estuvo en el encuentro pero se negó a firmar.

Además, agrega: “En dicho periodo será prudente evaluar la eventual judicialización por la retroactividad y competencia jurisdiccional de los nuevos impuestos, el impacto sobre el ahorro nacional, los efectos sobre la equidad distributiva, el impacto sobre las economías regionales y la estabilidad tributaria para la atracción de inversiones”