El presidente Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, fueron imputados este martes por presunto delito de "abuso de autoridad", tras firmar el decreto que permite a los familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales.

El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación judicial para terminar si Macri y sus funcionarios cometieron algún ilícito con los cambios a la reglamentación de la ley 27.260 de "sinceramiento fiscal".

En paralelo, esta mañana Peña volvió a defender la norma cuestionada y dijo que los funcionarios tienen "una enorme tranquilidad" sobre su legalidad.

Marijuán respondió afirmativamente a la consulta que le formuló el juez federal Ariel Lijo ante la denuncia de Donda, quien argumentó que la reglamentación de la ley y el decreto que añadió a parientes de funcionarios al blanqueo es ilegal. 

"Tenemos la plena convicción de que lo que se hizo con el decreto de los familiares no está dentro de esas tipificaciones que plantea el fiscal. Hay una enorme tranquilidad por la medida que hemos tomado", sostuvo Peña, en una conferencia de prensa en el centro cultural CCK.

La denuncia sostiene que, por decreto, el Poder Ejecutivo modificó el espíritu de la ley, que en su redacción aprobada en el Congreso excluía del blanqueo a familiares de funcionarios, y por decisión del Ejecutivo, sin intervención del Parlamento, los incluyó.

Marijuán pidió al juez Lijo una serie de medidas de prueba, entre ellas copias certificadas de la ley, el decreto en cuestión, y las actas del debate parlamentario sobre la ley de blanqueo.
Se trata de un primer paso en una investigación en la que, de momento, no hay querellantes, sino que sólo es impulsada por la fiscalía.