Así lo definió la Cámara en un plenario organizado hoy. La sala I del tribunal quedará integrada para funcionar durante el 2017 con Catucci, cercana al PRO, como presidente; Eduardo Riggi y Ángela Ledesma ocuparán la vicepresidencia. Asimismo, se acordó también la integración de las diferentes Salas del tribunal para el período entrante.

La sucesión conforma una victoria a favor del Gobierno, quienes celebran la designación de una camarista cercana al partido. Catucci, quien presidirá Casación el año entrante, reemplaza al kirchnerista Alejandro Slokar, juez que había asumido en Casación en diciembre de 2015.

Actualmente, Slokar se encuentra involucrado en una maniobra opositora para desplazar a los jueces que votarían investigar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, contra la ex presidente Cristina Kirchner por encubrimiento en la causa AMIA.

Pero esta no fue la única particularidad de la nueva designación. Para 2017 la presidencia de la Cámara, que gira cada año por antigüedad, le tocaría a Juan Carlos Gemignani. Sin embargo, el juez se encuentra bajo investigación por posible privación ilegal de libertad de una secretaria, mal desempeño en sus funciones y la eventual comisión de delitos, causales de juicio político.

Todo esto dejó el camino despejado para Catucci, quien llegó a la Cámara de la mano del menemismo en los 90, cuando el ex juez de la Corte Suprema, Ricardo Levene, la acercó al tribunal. Liliana forma parte del Poder Judicial desde 1971, y fue nombrada jueza nueve años más tarde, a cargo de un juzgado de primera instancia en lo Criminal de Sentencia de la Capital. Luego, y hasta reciente su nombramiento como presidente de Casación, ocupó el puesto de camarista.

Por su parte, fuentes del PRO quieren atraer al juez Gustavo Hornos para que sea el nuevo Procurador de la Nación, en reemplazo de Gils Carbó. La iniciativa del Gobierno que buscaba acortar el mandato de la actual procuradora encontró un revés, luego de las críticas recibidas por la diputada Carrió y actores del sector judicial que obligaron al Gobierno a dar marcha atrás. Ahora, el futuro del proyecto de reforma quedó en suspenso y sin fecha de tratamiento definida.