Provincia
El radicalismo denunció la gestión de la Aduana de Mar del Plata durante los años kirchneristas
Aseguran que pudo haber evadido unos 38 millones solo entre 2012 y 2014.

El diputado Maximiliano Abad presentó una denuncia contra la Aduana de Mar del Plata por “severas negligencias” que surgen de dos informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) entre 2012 y 2014.

“La aduana de Mar del Plata con el kircherismo, no dejó delito sin cometer” aseguró el denunciante y agregó que “si se comprueba lo que sospechamos, sería un caso tan o más grave que el de Lázaro Báez”. La presentación es por incumplimiento de los deberes de funcionario público pero podría derivar en asociación ilícita, contrabando, enriquecimiento ilícito y hasta posible vinculación con el narcotráfico.

Según los informes de la AGN, hubo incumplimientos reiterados de las normativas aduaneras en las exportaciones de la actividad pesquera que en la superficie pueden parecen meras negligencias, pero que -según Abad- podrían ser en realidad un sistema orquestado para la posible comisión de delitos.

Según el diputado radical, esas negligencias reiteradas lo llevaron a sospechar de “la existencia de un posible mecanismo para no ejercer control sobre las operaciones de exportación, lo que aislado podría ser un simple incumplimiento, en su conjunto pareciera ser una zona liberada”, afirmó.

María Eugenia Vidal visitó hoy el puerto de Mar del Plata.

En su denuncia, Abad describió situaciones escandalosas relacionadas con el control de mercaderías. Según explica, la exportación de pescado congelado requiere cursarse por el denominado “canal rojo” (como en los aeropuertos). Es decir, el control del verificador, el control intrusivo, que incluye desde scanners y densímetros hasta perros adiestrados, y el control con toda la tecnología disponible. Sin embargo, en el puerto de Mar del Plata un porcentaje de esa mercadería cambió de canal y no existe la información de por qué eso ocurrió.

La Aduana no tenían el control de las imágenes del circuito cerrado de televisión y para verlas debían pedírselas a la empresa que proveía el servicio.

Otra de las irregularidades encontradas fue en el circuito cerrado de televisión, donde las autoridades de la Aduana no tenían el control de las imágenes y para poder verlas debían pedírselas a la empresa que proveía el servicio. “La aduana no contaba con monitores para observar de manera directa las imágenes de lo que pasaba allí mismo, y dependía de una empresa tercerizada para acceder a esa información”, cuestionó Abad.

Algo similar ocurría con la información de los procesos de control que no tenían ningún resguardo. “El camión escáner utilizado en el puerto de Mar del Plata empleaba la memoria interna del equipo instalado en dicha unidad para almacenar las imágenes” ejemplificó el diputado marplatense y criticó que “no había política de back up o de duplicación de información para su resguardo”.

Abad sospecha de que estos hechos no se tratan de negligencias aisladas, sino que “parecen un sistema armado para la comisión de delitos”. Entre esos elementos el diputado enumeró: las balanzas tenían certificados de habilitación vencidos, por lo que no se sabía si el peso declarado de la mercadería a granel era el correcto; el depósito aduanero no estaba habilitado, cuando debería cumplir con todas las medidas de seguridad y control; y no había precios de referencia que permitiesen determinar lo que realmente debe tributarse al Estado.

“Salvo en dos productos, no había precios oficiales”, demandó el legislador y dedujo que “si se fijaba el monto de acuerdo a lo que le empleado establecía y no había control riguroso en el peso de la mercadería, el Estado estaba completamente desprotegido frente a una posible defraudación”.

“No parece que fueran descuidos aislados sino que parece un sistema que incluye, además, cierta protección legal para quienes participaban de él porque todo el proceso de sumarios está mal hecho lo cual termina en la prescripción o en la nulidad procesal”, indicó Abad.

Al fundamentar su denuncia, el diputado radical sostuvo que “podríamos estar ante una posible asociación ilícita que no se agotaría en la aduana de Mar del Plata sino que requiere de, al menos, la connivencia de otros organismos como la AFIP. “Esto evitó la incorporación a las arcas del Estado de una suma superior a los 38 millones de pesos, y eso es solamente lo que tenemos constatado en el informe de la AGN, que no tuvo acceso a lo que pasó antes de 2011, o sea que podemos suponer que hay mucho más que aún no sabemos”, dijo.

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