La nueva terminal de ómnibus de larga distancia Dellepiane que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich prevén inaugurar en los primeros días de diciembre se topó con un fuerte rechazo de las empresas de autotransportes de pasajeros.

Los dueños de los colectivos interurbanos anticiparon que no tienen previsto asentarse en la nueva estación de la zona sur capitalina –que fue concesionada por la Ciudad al polémico empresario K. Néstor Otero—porque sus costos operativos duplicarían los existentes en la terminal de Retiro (TEBA), no cuenta con una red de accesos adecuada y no reúne las condiciones de seguridad que se requieren para vehículos y usuarios.

Las entidades representativas del sector –CELADI (Cámara de Empresas de Larga Distancia) y AAETA (Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor) --advirtieron que en ningún momento fueron consultadas por las autoridades locales y nacionales y que ahora desde el Gobierno se intenta llevar a las compañías por la fuerza a la nueva terminal para justificar una obra que fue realizada sin contar con una debida planificación.

La construcción de la terminal Dellepiane se originó en una iniciativa privada promovida por el polémico empresario Otero, condenado por el delito de dádivas junto al kirchnerista, Ricardo Jaime.

La reacción de los empresarios se disparó luego de que se conociera la resolución 82 de la Secretaría de Gestión de Transporte de la Nación por la cual se habilitó el inicio de los servicios de partidas y arribos de colectivos interurbanos en la nueva terminal a partir del 1 de diciembre.

Dicha norma aprobada por la cartera de Dietrich salió a la luz después que el gobierno porteño ratificara por nota que la obra va a estar finalizada la próxima semana y que desde el primer día de diciembre la terminal ya estará en condiciones comenzar a operar.

La terminal Dellepiane -que contará con 32 dársenas para ómnibus, 57 boleterías, 17 módulos de encomiendas y 400 cocheras- se originó en una iniciativa privada promovida por Otero.

Tras recibir fuertes críticas y cuestionamientos, el proyecto -que había sido impulsado dentro del gobierno porteño de Macri por el actual ministro de Producción, Francisco Cabrera- fue aprobado en la Legislatura a mediados de 2014.

En lugar de concesionar el predio para la construcción de la terminal, el gobierno local le vendió a Otero el terreno de 40.000 metros cuadrados mediante un atípico sistema de leasing a pagar en cuotas a lo largo de 18 años.

El actual ministro Francisco Cabrera fue el impulsor del negocio con Otero.

Los cuestionamientos de los empresarios a la nueva terminal emplazada entre las autopistas Dellepiane y Perito Moreno y las avenidas Lacarra y Mariano Acosta se focalizan en las siguientes cuestiones:

- La obra no se pensó desde la lógica del transporte de pasajeros sino desde una óptica comercial.

- La zona de la terminal tiene ingresos complicados y limitados y no está conectada con el Metrobus de la autopista 25 de Mayo.

- Tampoco está enlazada con la red de subterráneos para facilitar el traslado de los pasajeros. En el caso de los colectivos urbanos, se tienen que reprogramar los recorridos de varias líneas para poder mejorar las vías de accesos.

- Implica, como mínimo, una duplicación de los actuales costos operativos y administrativos que afrontan las empresas y que el Gobierno no ha dicho como se podrán compensar.

- Los valores originales de los alquileres de oficinas y toques de dársenas están atados a la evolución del dólar y superarían ampliamente los vigentes en la terminal de Retiro.

- Los antecedentes del concesionario Néstor Otero -permanentemente cuestionado por la falta de limpieza y seguridad en la terminal de Retiro- no garantizan la prestación de un buen servicio a las empresas y a los usuarios.

Con una gran habilidad política y comercial, Otero logró hacer negocios con todos los gobiernos de turno en los últimos 20 años. Además de TEBA, controla -entre otras- las terminales de Puente La Noria, Mar del Plata y Villa Gesell y las estaciones ferroviarias de Once y Retiro-San Martín.

Fue procesado y enviado a juicio oral y público por el ex juez federal Norberto Oyarbide, luego de que se comprobara que, por medio de TEBA, le había pagado los alquileres de dos departamentos al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime mientras era funcionario público.

En octubre del año pasado, cuando estaban a un paso de ir al tribunal oral, Jaime y Otero llegaron a un acuerdo con el fiscal federal Guillermo Marijuan, por cual admitieron el delito de “aceptación de dádivas” a cambio de un juicio abreviado que incluyó el pago de compensaciones económicas y la realización de tareas comunitarias.

En tanto, con las actuales autoridades de Transporte de la Nación, Otero también siguió haciendo negocios. Pese a los constantes quejas y denuncias de los usuarios por el mal estado de la terminal, Dietrich mantuvo a Otero al frente de TEBA con una prórroga de la concesión otorgada en forma directa hasta mediados de 2017.