Para no ceder el manejo de las nuevas obras e inversiones en el sector eléctrico, el ministerio de Energía comandado por Juan José Aranguren armó contrarreloj un régimen propio de participación público-privada que salió a la luz casi al mismo tiempo en que el Senado terminaba de votar el nuevo marco regulatorio de iniciativas privadas que impulsó la administración macrista.

Tal como había hecho el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich a mediados de setiembre cuando sacó a la calle su “Régimen de Iniciativas de Terceros” para promover negocios en el ámbito ferroviario, ahora la cartera de Aranguren lanzó un esquema específico para que inversores privados desarrollen “proyectos integrales de generación eléctrica y de abastecimiento de combustibles a las usinas térmicas”.

El nuevo régimen –que fue aprobado por medio de la resolución 420 de la Secretaría de Energía Eléctrica—apunta a captar nuevas inversiones privadas en seis ítems clave: habilitación de nuevas usinas de ciclo combinado superiores a 600 MW; ampliación de centrales existentes, instalación de usinas convencionales, conexiones a redes de gasoductos, líneas de transmisión eléctrica y construcción de ductos y tanques de combustibles.

Según indicaron las autoridades de Energía, las nuevas reglas de juego apuntan a tres objetivos relevantes: reducir costos, aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico y transferir la responsabilidad del suministro de combustibles que viene haciendo el Gobierno a los propios generadores privados y estatales.

Más allá del hecho de cortarse por su cuenta sin esperar la reglamentación del Poder Ejecutivo del nuevo marco general de participación público-privada, la movida de Energía despertó algunas suspicacias por los exiguos plazos que se fijaron para la canalización de los proyectos.

Las empresas interesadas en la nueva modalidad de inversión eléctrica tendrán que apurarse porque el plazo de presentación de sus “anteproyectos integrales” a la CAMMESA vence el próximo el 9 de diciembre.

Tras revisar y analizar todos los antecedentes y las documentaciones técnicas, los funcionarios deberán definir antes de fin de año cuáles son las iniciativas que se llevarán adelante mediante una licitación “abierta, competitiva y transparente” donde el impulsor del proyecto correrá con ventaja.

De acuerdo con la “hoja de ruta” que diseñaron los colaboradores de Aranguren, el principal interés del Gobierno está focalizado en la presentación de “anteproyectos integrales de ingeniería, construcción y puesta en marcha comercial de generación térmica de alta eficiencia, a ser instalada preferentemente, pero sin excluir otras opciones, en las zonas adyacentes al litoral fluvial comprendido entre las ciudades de Santa Fe y La Plata”.

Agregaron, además, que las iniciativas deberán incluir “todas las obras de infraestructura que sean necesarias para asegurar el abastecimiento a las centrales tanto de gas natural por redes, como de combustibles líquidos alternativos”.

A su vez, los proyectos deberán contemplar “las conexiones al sistema de transmisión, el desarrollo de obras civiles y portuarias para la provisión de gas y la instalación de tanques de almacenamiento de combustibles líquidos que induzcan a una reducción de los costos operativos y a un aumento de la confiabilidad del sistema eléctrico”.

Para los especialistas del sector, el nuevo esquema le viene como “anillo al dedo” a dos proyectos que comenzaron a tomar forma en los últimos meses.

Uno de ellos, es el del grupo Sadesa—que tiene entre sus principales accionistas a Nicolás Caputo, el socio e íntimo amigo del presidente Mauricio Macri—para instalar una central de ciclo combinado en la zona de Zárate-Campana. Y el otro, es que tiene en carpeta la petrolera YPF para montar una nueva planta regasificadora en las cercanías de La Plata para importar gas por barco.

Con su propio régimen de iniciativa privada, Aranguren evita que los negocios eléctricos salgan de su órbita y queden bajo el marco global del nuevo modelo asociativo de inversiones que aprobaron los senadores y que la Casa Rosada se apresta a reglamentar en las próximas semanas.

Según el nuevo régimen de contratación de obras y servicios motorizado por la Nación, el manejo de los proyectos va a quedar en manos de una comisión interministerial que será comandada por la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña. Además, establece que habrá un seguimiento semestral de las obras a cargo de una comisión bicameral y un control de las inversiones por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN).