Mauricio Macri consiguió dividir a los gobernadores peronistas en el debate por la reforma política, pero aún puntea los votos para llegar a la mayoría del Senado que le permita tener la ley antes de fin de año o a la sumo en el verano. De hecho, fuentes de la Casa Rosada confirmaron esta noche a LPO: "Vamos a tener que convocar a extraordinarias, porque no llegamos a aprobarla en noviembre".
Como explicó LPO, ese es el plazo máximo que hay en la Casa Rosada para llegar a tiempo con la licitación y la capacitación y por eso Macri decidió meter presión con una reunión en Olivos.
Hasta allí llegaron esta mañana los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Córdoba, Juan Schiaretti; de Chaco, Domingo Peppo; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Chubut, Mario Das Neves; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; de Río Negro, Alberto Weretilneck y de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el vicegobernador de Entre Ríos, Adán Bahl.
Todos respaldaron la reforma política, pero en el Senado eran cautos para aventurar una fecha de votación, porque en el FpV-PJ, que domina quórum, aún hay grupo que insiste en eliminar el chip de la boleta electrónica para sentarse a negociar.
Fue la propuesta de Juan Manuel Abal Medina y Omar Perotti y esta tarde ratificaron su respaldo algunos pares con jefes gobernadores que no fueron a Olivos, como la riojana Teresa Luna.
"Mi gobernador no ha sido invitado a la reunión de hoy con el Presidente. Si los gobernadores que van hoy apoyan el inmediato tratamiento, al oficialismo le darían los números. Espero que el Gobierno no cuente con el consenso de Pichetto", afirmó Luna, en una declaración que revela hasta que punto están avanzadas las negociaciones.
De hecho, LPO pudo confirmar de fuentes al tanto de la negociación, que Pichetto se reunió esta tarde en el Senado con Frigerio, que asistió a la cámara alta para exponer sobre el Presupuesto 2017.
Pero cuidado, además del riojano Sergio Casas pegaron el faltazo a Olivos el pampeano Carlos Verna, el tucumano Juan Manzur, la catamarqueña Lucía Copracci, la santacruceña Alicia Kirchner, el formoseño Gildo Insfrán, el puntano Alberto Rodríguez Saá, la santiagueña Claudia Ledesma y el sanjuanino Sergio Uñac, todos con senadores afines.
El diputado José Luis Gioja, en su rol de presidente del PJ, mañana se reunirá con varios senadores para exigirles no negociar con el Gobierno por este tema. Deberá apurarse porque al mediodía está prevista una reunión del bloque FpV-PJ para sacarse chispas. Otro ausente fue el socialista Miguel Lifschitz, quien pelea por sostener el sistema de boleta única por categoría en Santa Fe.
Para afinar la negociación con los dialoguistas que conduce Pichetto el punto débil sigue siendo el uso del chip en la boleta electrónica.
El Gobierno no está dispuesto a anularlo y sólo acepta dejarle el asunto en manos de la Cámara Nacional Electoral, que difícilmente contradiga los deseos del poder de turno. El resto de los requerimientos de los gobernadores, detallados por LPO, no tienen mayor resistencia en la Casa Rosada.
Los dos principales reclamos del peronismo que aceptaría la Casa Rosada son que la implementación de la boleta única electrónica sea gradual y que haya opción de no utilizarla si la tecnología no funciona al inicio de la votación, cláusula conocida como "válvula de escape" del sistema.
También exigen precauciones para evitar delitos informáticos y la obligación de que el vicepresidente, que se elegiría después de las primarias, al menos haya competido en esa contienda.
Pese a los avances, fuentes del bloque peronista consultadas por LPO, se negaban a dar por hecho que la reforma política pueda aprobarse antes de diciembre, porque para eso sería necesario un dictamen el jueves. El oficialismo no se rinde y convocó para ese día un plenario de comisiones.
Si no no logra no habrá más opciones que incluir el proyecto en sesiones extraordinarias de diciembre, porque no es posible emitir dictámenes pasado el 20 de noviembre.
En Diputados, donde volvería para ser sancionado, reservaron el 14 de diciembre como fecha tentativa para sesionar.
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Los senadores recibieron este martes a decenas de expositores sobre la reforma política pero el más esperado era Sergio Angelini, presidente de Magic Software Argentina, la empresa que proveyó la infraestructura para la boleta electrónica en Salta y la Ciudad.
“Hay un par de desubicados que dicen que con un sacacorchos, una radio, se puede detectar el voto. Pero no es así”, protestó.
Angelini negó además que su empresa tenga privilegios ante una licitación, por haber patentado la nomeclatura boleta única electrónica.
“Es un paradigma, una idea, no puede patentarse”, se defendió. Y aseguró que su grupo “está fuera de la mira”, porque “el Gobierno no piensa trabajar con nosotros. El ministro de modernización (Andrés Ibarra) ha dicho en Diputados que MSA no será parte”, recordó.
“MSA es 100% nacional y la fundé yo. El gasto de máquina se relaciona a si es alquiler o compra, y de ser alquiler si es por uno o más procesos electorales”, se defendió.
“Un chip puede ser gravado o desgravado hasta que sea inutilizado, donde solo podrán ser para lecturas. Así son los votos. El DNI, el pasaporte, utilizan chips. Luego de votar, los chips quedan inutilizados permanentes. No hay manera en todo el mundo para acceder a él”, aseguró, antes los temores de vulnerabilidad.
Aceptó que es conveniente implementar el sistema en forma gradual, pero insistió en que no falla. “No es posible que una persona vote A y la máquina vote B, los software son muy claros. Sería tonto pensar que la persona verifica mal. El elector construye una boleta, no un voto. Por lo tanto si llegara a tener un inconveniente puede cambiar su boleta”.
Sostuvo además que los costos de la implementación son similares a los de boleta papel, lejos de los cálculos del kirchnerismo en Diputados, donde hablaron de un gasto hasta 10 veces superior.
“Me ha costado saber cuánto es el costo de las elecciones hoy. En Santa Fe y Ciudad en 2015, poblaciones muy similares; solamente la impresión de las boletas únicas para PASO y generales fueron 169 millones de pesos. La ciudad entre las paso y las generales, más la asistencia técnica, salió 162 millones”, precisó.