María del Carmen Falbo se reunió hoy con María Eugenia Vidal a quien le presentó la renuncia indeclinable en la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense.

Desde el Ejecutivo, confirmaron que el lugar de Falbo será ocupado por Julio Conte Grand. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo aseguró que el secretario Legal y Técnico será propuesto para ocupar ese cargo.

Falbo había confirmado hace días su renuncia a la Procuración. Fue en el Consejo de Fiscales, donde comunicó a los fiscales generales de su salida.

En declaraciones periodísticas, Ritondo sostuvo tras enterarse de la renuncia de Falbo que la actual Procuradora “va a tener un gran reemplazante que es Julio Conte Grand”.

Al salir de una reunión con integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control para la Emergencia en Seguridad, Ritondo consideró que la renuncia de Falbo “va por los canales normales, está en trámite de jubilación”.

El ministro se había pronunciado en varias oportunidades contra la Procuradora renunciante, de quien consideró que “tiene el tiempo agotado, ya cumplió un ciclo en la provincia”, al tiempo que le endilgó su “compromiso político con los sectores del peronismo. Ella ha trabajado y militado con Aníbal Fernández”.

En agosto, la Procuradora había iniciado su trámite jubilatorio, cosa que disparó versiones sobre su salida del cargo, aunque por el momento continuará en funciones. La decisión de la jefa de los fiscales y defensores oficiales se produjo luego de un extenso desencuentro con las actuales autoridades del Gobierno que encabeza Vidal.

En los próximos días, el gobierno enviará el pliego a la Legislatura. Es que la propuesta de Conte Grand deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros del Senado bonaerense, según lo establece la Constitución de la provincia.

Además, establece que para ser procurador se requiere haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, si hubiese nacido en país extranjero, y título o diploma que acredite suficiencia en la ciencia del derecho reconocido por autoridad competente en la forma que determine la ley.

También exige entre 30 y 70 años de edad y al menos diez en el ejercicio de la abogacía o en el desempeño de alguna magistratura.