El Gobierno prepara un proyecto de ley que deroga la obligatoriedad de inscripción en el Registro de Cultos para las colectividades religiosas, y facilita su obtención de la personería jurídica, actualizando así al nuevo Código Civil; una vieja legislación impuesta por la última dictadura militar.

En la actualidad, los cultos religiosos (salvo la Iglesia Católica, que por la Constitución Nacional tiene personería pública) para no quedar al margen de la ley deben tener una doble inscripción, tanto en el Registro de Cultos que funciona bajo la órbita de la Cancillería y en la IGJ, lo que obliga a un "papeleo innecesario y a que muchas organizaciones deban disfrazarse y adopten formas asociativas ajenas a su naturaleza".

El principal clamor por levantar las restricciones para ejercer cultos proviene de las comunidades evangélicas, quienes ya han manifestado su aval a esta iniciativa que fue resistida por la Iglesia Católica.

Según anticiparon a Télam fuentes de la Casa Rosada, los ejes del anteproyecto -que cuenta con el aval presidencial- son "pasar de la obligatoriedad a la voluntariedad de la inscripción legal, con el añadido de que la inscripción, en caso de hacerse, otorgue una personalidad jurídica especial a las instituciones religiosas, haciendo operativa la norma del nuevo Código Civil".

El artículo 148 en su inciso E del Código Civil, reformado en 2013, establece que son "personas jurídicas privadas (entre otras) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas", algo que está en fricción con la reglamentación vigente.

En 1979, y con la firma del dictador Jorge Rafael Videla y del ministro de Interior de facto, Albano Harguindeguy, se promulgó el decreto ley 21.745, que establece la obligatoriedad a todos los cultos religiosos de inscribirse en un registro oficial para ser considerados legales, además de forzarlos -para obtener la personería con los beneficios impositivos correspondientes- a que se anoten también en la Inspección General de Justicia (IGJ).

En su artículo 1, aquella ley instaura el Registro Nacional de Cultos, el cual se crea con "fines estadísticos, de ordenamiento administrativo y para acreditar el carácter representativo" de las religiones que haya intención de profesar.

"Lo que no está inscripto, hoy queda al margen de la ley y nadie puede ejercer en forma legal el culto sin antes estar reconocido por el Estado, con muchos requisitos y verificaciones. Ahora todo pasaría a ser voluntario para tender a una mayor libertad religiosa y va en sintonía con los estándares internacionales", explicaron a Télam fuentes oficiales.

Dado que el oficialismo quiere que "sea una ley de consenso" con las colectividades religiosas, el borrador del proyecto está abierto "a recibir modificaciones de aportes de los diferentes cultos", según explican en la Rosada, y si bien la idea originaria era enviarlo al Congreso antes del fin de las sesiones ordinarias, finalmente eso ocurrirá en 2017.

"Por ahora estamos en una etapa de consultas y explicativa sobre el sentido de la ley", informan desde los despachos oficiales, y se refieren a una ronda de diálogo a cargo de la Secretaría de Culto de la Nación -que encabeza Santiago de Estrada- que involucra a todas las colectividades y que comenzó luego de que el presidente Mauricio Macri diera su aval, en una reunión mantenida con los funcionarios de esa área de la Cancillería.

En Cambiemos confían en que una vez enviado al Congreso, el proyecto contará con el aval de todo el arco político por tratarse de "una deuda histórica del Estado", además de que con él se actualiza un viejo decreto ley de la dictadura a la realidad actual.

Desde el regreso a la democracia, hubo cerca de una treintena de presentaciones de proyectos de ley que buscaron modificar la reglamentación impuesta por el dictador Videla: en la década anterior hubo intentos de la ex diputada Cynthia Hotton, mientras que en 1994, el entonces subsecretario de Culto menemista, Angel Centeno, consiguió que el Senado aprobara el levantamiento de las restricciones religiosas, algo que no prosperó en la Cámara de Diputados.