Siete personas fueron detenidas hoy durante una serie de operativos simultáneos que se llevaron a cabo en el marco de una megacausa por contrabando aduanero por la que son investigados el hermanastro de un ex juez en lo penal económico y el cuñado del ex ministro, Julio De Vido.

Las siete detenciones produjeron en el marco de las once ordenadas por el juez en lo penal económico Marcelo Agunsky quien tiene a su cargo la investigación de la denominada “mafia de los contenedores”, un grupo de personas que adulteraba las planillas que indicaban el peso y el contenido conteiners con mercadería importada.

En horas del mediodía, la Gendarmería Nacional detuvo al ex funcionario de Aduana Edgardo Rodolfo Paolucci en su casa del country Abril y minutos más tarde al empresario Carlos Oldemar "Cuqui" Barreiro Laborda, ex dueño de la empresa de seguridad para autos Lo Jack.

“Cuqui” Laborda es un empresario cuyo nombre se había tornado celebre cuando apareció mencionado en la denuncia del ministerio de Seguridad por la que el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, fue apartado momentáneamente de su cargo hasta que el presidente Mauricio Macri ordenó que fuera repuesto.

El magistrado también dispuso la detención de Federido Ernesto Tiscornia, hermanastro del ex juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia; y de Claudio Minniceli, cuñado del ex ministro de Planificiación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido.

El juez Aguinsky ordenó además detener a Néstor Frega, Osvaldo Giacumbo, Vanesa Calamante, Mauro Delmastro, Martín Corral, Santiago Jimenez y Rodolfo Trebino, “sin perjuicio de que con el progreso de la investigación surjan nuevos imputados en calidad de coautores, partícipes o encubridores”.

Los imputados forman parte de una grupo de personas que se habría organizado para eludir los controles aduaneros a la hora de ingresar mercadería importada al a país y, de acuerdo al fallo de 96 páginas emitido por el juez de la causa, las detenciones fueron ordenadas luego del análisis de una serie de escuchas judiciales.

La causa que lleva adelante el juez Aguinsky se originó a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), luego de una investigación en la que se detectó que habían sido falseados cientos registros de importación.

Los registros de importación contienen la información referida al peso y al contenido de los conteiners con productos importados y si no coincide con lo que efectivamente está siendo ingresado al país, los importadores deben pagar multas y, en caso de que la mercadería no sea reclamada, queda bajo observación judicial.

A principios de septiembre, el juez Aguinsky recibió una serie de escuchas judiciales que habían sido ordenadas por el juez federal Luis Rodríguez en el marco de otro expediente, pero que podían tener que ver con lo que él estaba investigando.

Las escuchas que recibió Agunsky de parte de Rodríguez involucraban a las mismas personas que él estaba investigando y en ellas se daba cuentqa de una serie de maniobras para destrabar containers que habían sido retendios en la Aduana y estaban bajo observación.

El 10 de agosto el grupo conformado por los investigados logró mover “seis contenedores desde la Terminal 5 (BACTSSA) hacia el Depósito Fiscal Moreiro Hnos. de la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires”, sostuvo Agunsky en su fallo.

“Se sospecha aquí que la modalidad de engaño ideada involucraría desde la confección de conocimientos de embarque apócrifos, la adulteración de datos a través de los sistemas informáticos de la Aduana y/o la solicitud de rectificación de la documentación que acompaña las cargas”, para eludir los controles de Aduana y la investigación judicial en curso.

La maniobra “involucraba la confección de Bill of Lading (documentos de embarque) apócrifos, la incorporación de información falsa a través de los sistemas informáticos de la Aduana, y la presentación de multinotas rectificatorias de la información consignada en los permisos de embarque”.