La crisis que desató Elisa Carrió con sus críticas al proyecto del Gobierno para echar a Alejandra Gils Carbó terminaron haciendo caer el tratamiento del dictamen que el oficialismo había logrado la semana pasada en acuerdo con el Frente Renovador y el bloque Justicialista. Ahora, el peronismo tiene nuevas exigencias para votarlo y difícilmente pueda salir en lo que queda del año.

Como adelantó LPO, tras las críticas de Carrió, Sergio Massa y Miguel Pichetto decidieron anoche quitarle el respaldo al proyecto, hartos de pagar el costo político de apoyar leyes que ni siquiera tienen unanimidad en Cambiemos. El PRO intentó sostener el proyecto en el temario de la sesión de mañana, pero fracasó.

Más temprano, el ministro de Justicia, Germán Garavano, había admitido que el tema estaba en riesgo. "Si no se generan los consensos, no habrá modificación a la ley", declaró el funcionario, que agregó que "tampoco es nada tan grave".

La caída definitiva del proyecto del temario de la sesión de mañana se dio luego de que Pichetto y Massa acordaran nuevas condiciones para exigirle al oficialismo. La primera condición es que ordenen su interna y el tema recién vuelva a debatirse cuando haya acuerdo en todos los sectores de Cambios.

El tema se trató este mediodía en una reunión en el Congreso, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, el macrista Emilio Monzó. Lo acompañaron sus laderos Nicolás Massot y Silvia Lospennato y la negociadora del massismo fue Graciela Camaño, quien preside la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control.

Monzó y Massot

Télam

Uno de los puntos acordados entre Massa y Pichetto para exigirle al PRO es un cambio en la duración que tendrá el mandato del procurador. El Gobierno había impuesto que la duración sea de 5 años, pese a que el massismo había pedido que sean 7. Ahora, los legisladores peronistas plantearán que sean 10 años, como había pedido Carrió.

Otra condición es que Garavano mande un escrito firmado por el procurador general del Tesoro, Carlos Balbín, dictaminando que el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal no es inconstitucional, como afirman la propia Gils Carbó y hasta Lilita Carrió. Pretenden así que el Gobierno quede comprometido ante cualquier traspié judicial que tenga en el futuro la reforma, algo que pronostican muchos especialistas.

También plantearán que vuelva abrirse la discusión y que citen a la Asociación de Fiscales y otras organizaciones del mundo judicial para que expongan sus críticas al proyecto. En las últimas horas, hasta la Asociación de Magistrados, una entidad de buena llegada a la Rosada, advirtió que la ley atenta contra la independencia de la Procuración.

Finalmente, Massa y Pichetto quieren que el nuevo texto incluya explícitamente que se mantienen todas las procuradurías y unidades fiscales especializadas que existen actualmente.

Según comentaron, eso ya lo habían planteado antes del dictamen y quedó expresado en las disidencias, pero el oficialismo recién aceptó cambiar cuando estalló el escándalo por la eliminación de la fiscalía contra la violencia de género y cuando Estela Carlotto pidió modificaciones en los requisitos para mantener a los titulares de las procuradurías. Esto también generó la furia de los peronistas, que quedaron pegados a un dictamen de Cambiemos que luego el propio oficialismo aceptó cambiar ante la primera crítica, pese a que ellos se lo habían propuesto en la discusión.