María Eugenia Vidal decidió remover a toda la cúpula del Servicio Penitenciario bonaernese. Incluso al jefe de esa fuerza de seguridad, Fernando Díaz, que había sido nombrado por ella misma en diciembre.

Díaz estaba siendo investigado por una supuesta estafa al Estado nacional por sobreprecios en viandas, cuando desarrollaba labores como auditor general en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Según la investigación, Díaz -junto a otros 37 ex funcionarios- habría llevado a cabo irregularidades en la contratación del servicio de catering del Complejo Penitenciario Federal de Salta, lo que le habría costado al Estado cientos de miles de pesos.

La semana pasada, Vidal había mantenido un encuentro con los miembros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), quienes le habían solicitado el desplazamiento del jefe penitenciario.

Díaz había sido nombrado al frente del Servicio Penitenciario a fines de diciembre en medio de la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez, del penal de General Alvear. Por entonces, Vidal mantenía al frente de esa fuerza a los funcionarios de la administración de Daniel Scioli.

La designación de Díaz generó algunos rechazos en organismos de Derechos Humanos quienes por entonces recordaron que el penitenciario había ocupado la jefatura durante el último tramo de Felipe Solá en la gobernación bonaerense y hasta bien entrado el gobierno de Scioli.

Durante ese mandato ocurrió la trágica masacre de Magdalena, donde fallecieron 33 presos al incendiarse uno de los pabellones. En ese momento, los agentes penitenciarios reprimieron y cerraron las puertas.

Según trascendió, quedará a cargo por un período de tres meses el subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Pablo Baric. Al tiempo que se designará un auditor general que será Fernando Rozas, un ex diputado de extrema confianza del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.

Rozas es un hombre de bajo perfil, llegó a la Legislatura en 2009 en la lista de Francisco De Narváez. Sobre el final del mandato de Scioli, Ferrari (que ocupaba la Asesoría General de Gobierno) logró ubicarlo como Adjunto en la poderosa Fiscalía de Estado. Eso no terminó bien, toda vez que el ex motonauta se desprendió de él para ubicar en ese lugar a Mariano Cervellini, el yerno de Ricardo Casal.

Eyectado de ese lugar a fines de noviembre, el intendente de La Plata, Julio Garro le pidió que sea parte de su gabinete. Ambos se conocieron en la Legislatura y allí cultivaron una relación de confianza. En algún momento sonó para jefe de Gabinete, pero Rozas prefirió operar desde las sombras.

Sin embargo, con la llegada de Ferrari al ministerio de Justicia, Rozas se sumó como uno de sus principales asesores.