Presionado por Mario Quintana y Gustavo Lopetegui --la dupla de los coordinadores económicos de la Jefatura de Gabinete—para que exhiba señales concretas de reducción de costos, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich avaló una insólita movida en el sector portuario.

Con fin de lograr una baja simbólica en los fletes marítimos, Dietrich dispuso que la Prefectura Naval Argentina (PNA) utilice sus embarcaciones para remplazar a las lanchas privadas que se encargan de transportar a los prácticos hasta los barcos de cargas que ingresan y parten de los puertos locales.

Por medio de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo (DNTFM) que conduce Gustavo Deleersnyder, el gobierno lanzó a mediados de octubre una “prueba piloto” en los puertos patagónicos para tratar de recortar los costos portuarios usando los equipos y recursos de la Prefectura Naval.

Con la excusa de que a un práctico de Puerto Madryn las empresas de lanchas le habían –supuestamente—negado el traslado hasta un barco, Dietrich y Deleersnyder le ordenaron a la Prefectura que comience a atender ese servicio de transporte con sus embarcaciones y con una tarifa casi irrisoria que no alcanza a cubrir los costos de combustibles de cada viaje.

Mientras las empresas privadas de lanchas facturan, en promedio, unos 1.200 dólares por trasladar a un práctico desde el muelle hasta los barcos que esperan en los canales de acceso, la Prefectura –por indicación de los funcionarios de Transporte--resolvió cobrar por ese mismo servicio solo 600 pesos.

Luego de los primeros traslados que efectuó la Prefectura bajo esta modalidad, tanto las empresas de lanchas, como la mayoría de los prácticos salieron a manifestar sus quejas.

En el caso de las lanchas, porque consideran que se trata de una competencia ilegal del propio Estado que pone en riesgo la continuidad laboral de unas 50 empresas que ocupan alrededor de 1.500 tripulantes.

Además, por medio de un recurso administrativo presentado ante la cartera de Transporte, la Cámara Armadora de Transporte de Prácticos (Calaprac) denunció que las lanchas de la Prefectura no cumplen con los requisitos técnicos para este tipo de servicio que exigen que las embarcaciones tengan un doble motor por razones de seguridad.

En tanto, prácticos reclamaron un trato igualitario para todos porque de lo contrario solo unos pocos se van a ver beneficiados por el “nuevo subsidio que representa traslado barato de la Prefectura” mientras que el resto tiene que seguir afrontando los costos habituales de embarque y desembarco sin la ayuda del Estado.

Ante las protestas y la amenaza de medidas de fuerza de las empresas de lanchas y del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales y de Cabotaje Marítimo que podían llegar a paralizar la actividad en los principales puertos del país, el ministerio de Transporte decidió frenar transitoriamente la participación de los prefectos.

Más allá del traspié, la intención de los funcionarios sería esperar unas semanas y volver a la carga con esta jugada en diciembre para cerrar el año con un recorte mínimo en los costos portuarios y marítimos que, según la óptica macrista, están entre los más elevados del mundo.