La Justicia comercial resolvió que el Gobierno nacional deberá pagar más de 350 millones de pesos por la expropiación de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, decidida por el kirchnerismo hace más de cuatro años en medio del estallido del escándalo de corrupción que involucró a Amado Boudou.

Según informa La Nación, la decisión fue tomada por la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, integrada por Pablo Heredia y Gerardo Vasallo, quienes confirmaron la decisión del juez de primera instancia Javier Cosentino de intimar al Estado a pagar "dentro del plazo de 30 días hábiles a contar a partir de la notificación al Ministerio de Economía".

El fallo de primera instancia ordena al Estado nacional a pagar por la expropiación de Ciccone unos 300 millones de pesos más el 6% de interés anual, por lo que la cifra total superará los $ 350 millones y podría elevarse.

Cuando dispuso la expropiación, el Gobierno de Cristina Kirchner argumentó que la decisión no le no costaría "ni un peso" al Estado, aunque ya en 2013 el juez Cosentino determinó que la medida era inconstitucional.

El Gobierno de Macri se resiste a pagar los 350 millones por lo que la AFIP ya apeló el fallo judicial. El objetivo del organismo recaudador es que la Justicia admita la compensación entre lo que en principio vale la empresa -unos $ 300 millones- y las deudas impositivas que la familia Ciccone acumuló durante años hasta superar los $ 275 millones.

Sin embargo, tanto el juez Cosentino como los camaristas consideran que admitir esa compensación conllevaría un trato inequitativo para todos los demás acreedores que aspiran a recuperar al menos parte de los millones que les adeudan los Ciccone.

Por eso mismo, los camaristas aclararon que el desembolso de los $ 300 millones más intereses no terminará en los bolsillos de la familia Ciccone, que, dadas las deudas que acumularon, acaso no lleguen jamás a ver un cheque de ese expediente. El dinero irá a los acreedores verificados.