Tras haber criticado los contratos de la gestión kirchnerista por ser “innecesarios, caros y poco transparentes”, el ministro de Energía, Juan José Aranguren y la empresa estatal Enarsa resolvieron extender los alquileres de las cuestionadas usinas móviles que implicarán un desembolso anual del orden de los 2.300 millones de pesos.

Con el fin de atender las situaciones de emergencias y minimizar los cortes de suministro que se esperan para el verano y que demandarán varios días de reparaciones, la administración macrista lanzó contrarreloj un “concurso público de precios nacional e internacional” para contratar un paquete de generadoras móviles (UGEM) de 200 MW.

Las ofertas deberán incluir “la operación y el mantenimiento integral de todas las UGEM para que estén en condiciones de entrar en servicio” en los lugares que definan la CAMMESA y las distribuidoras eléctricas”.

Los oferentes sólo tendrán que ocuparse de poner en funcionamiento las usinas y mantenerlas operativas el tiempo que establezcan los funcionarios. Al igual que lo que sucedía durante la administración K., los combustibles líquidos para alimentar los generadores serán provistos por el Estado por medio de Enarsa y la CAMMESA.

Las ofertas se recibirán el 31 de octubre y el plazo de los nuevos contratos de alquiler se extenderá inicialmente desde el 1 de diciembre de este año hasta el 31 de diciembre de 2017. De esta manera, las empresas mejor posicionadas para quedarse con el negocio son las cuatro que vienen prestando este servicio desde hace más de seis años: Aggreko, So Energy, Secco y Energyst.

Según el pliego licitatorio, los montos finales de las ofertas no deberán superar los siguientes ítems: una mensualidad por potencia conectada de 20.000 US$/MW; una mensualidad por potencia disponible de 4.000 US$/MW; un ingreso variable por energía suministrada de 30 US$/MW-h y un costo de movilización de 3.500 US$ por equipo.

Las reglas licitatorias diseñadas por los técnicos de Enarsa contienen dos cláusulas llamativas. Una de ellas es la referida al “precio vil o no serio”. Los funcionarios podrán desestimar las ofertas que presenten valores “excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad de los oferentes”.

La otra, tiene que ver con una estricta exigencia de confidencialidad a los oferentes. Según esta cláusula, los contratistas “no podrán realizar declaraciones a la prensa, tomar fotografías, filmar o retirar documento alguno para ser usado en forma particular o provecho propio. Tampoco podrán utilizar la información obtenida en el marco del contrato en provecho propio o de terceros, ni reproducirla o divulgarla, cualquiera sea su fin, salvo expresa indicación de Enarsa”.

Las UGEM aparecieron en el escenario eléctrico a mediados de 2010 cuando Enarsa recibió la instrucción del ex ministerio de Planificación de Julio De Vido de salir a contratar “equipos móviles en stand by” para poder afrontar los casos críticos de interrupciones temporales de suministro.

Las empresas ganadoras de la primera licitación habían sido So Energy (20 MW), Aggreko (80MW), Secco (59 MW) y Energyst (60 MW).

En 2011 y 2014 se registraron dos renegociaciones contractuales que elevaron las potencias iniciales entre un 50% y 200%, muy por encima del nivel máximo de ampliación del 20% que permite la ley de contrataciones del Estado.

En la última ampliación de 2014 que llevaron adelante los camporistas Paulo Farina (ex subsecretario de Energía Eléctrica) y Juan José Carbajales (ex vicepresidente de Enarsa) se registró una atípica situación. Pese a que los nuevos contratos no obtuvieron el visto bueno de la SIGEN, el directorio de Enarsa igual resolvió aprobarlos tomando como base un simple dictamen del abogado de la empresa, Santiago Durán Casiet.

Según los números que se manejan en el sector energético, el negocio de las UGEM y la provisión de combustible para su funcionamiento representó desde 2010 hasta ahora un gasto que ronda los 3.000 millones de dólares.

Con esa suma pagada por el uso temporal de las usinas, el Estado podría haber instalado una nueva central de ciclo combinado de 2.000 MW para que genere en forma permanente.

Lo curioso de la nueva contratación que impulsa ahora el gobierno es que hace apenas cinco meses fue el propio presidente Mauricio Macri quien cuestionó duramente el negocio de las usinas móviles.

Lo hizo en el informe “El estado del Estado” que remitió al Congreso a principios de mayo, donde al referirse a las UGEM puso sobre el tapete las siguientes cuestiones clave:

--Por cada uno de los 581 generadores móviles que tenía contratados, Enarsa debe pagar 32.200 dólares por mes sólo por disponer de ellos, independientemente de si están conectados o no.

--El circuito para repartir el gasoil a los generadores se armó sin un esquema de licitación previa y en condiciones poco transparentes. Según la SIGEN, existía un alto nivel de ociosidad en los equipos y las contrataciones se hicieron con altos niveles de irregularidad. Entre 2011 y 2015 la energía producida por estos generadores llegó sólo al 15% de su potencial.

--En el caso de la empresa Agrekko, se detectó una diferencia del 11% entre las horas de operación pagadas y las informadas. En tanto, en el caso de la empresa Secco la diferencia fue del 8%. Esto generaba gastos por prestaciones no realizadas.

--Todas estas situaciones, que partían de la necesidad de cubrir una emergencia innecesaria, hicieron que sólo en 2015 el Estado gastara 2.000 millones de pesos para mantener disponibles los generadores móviles.