Las imágenes son elocuentes. Nadie podrá decir que se trató de un robo, un accidente o un enfrentamiento callejero. El asesino -que iba acompañado por un cómplice- se acercó por la espalda y le descargó directamente un balazo en la nuca. Se trató de un crimen planeado. No hay dudas.

Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez quinto de distrito en materia de amparos y juicios federales en el Estado de México, murió en el acto. Horas más tarde se conocería la posible vinculación de este asesinato con las investigaciones que llevaba adelante contra líderes narco.

Bermúdez Zacarías investigaba a Abigael González Valencia, alias "El Cuini", compadre de Nemesio Oseguera Cervantes -más conocido como "El Mencho"-, líder absoluto del Cártel Jalisco Nueva Generación. También tomó medidas contras personas cercanas al Chapo Guzmán, en el periodo en que el capo era buscado por escapar del penal de máxima seguridad del Altiplano.

Aunque todavía no hay confirmación de estas hipótesis, el debate sobre la seguridad para jueces se reabrió en México. ¿El estado brinda la protección necesaria para que los magistrados puedan avanzar contra los capos del narco? Desde el máximo tribunal, la Suprema Corte, salieron rápidamente a aclarar que ya existen mecanismos de protección para todos los jueces.

"Cada año se registran miles de asesinatos contra jueces, tanto locales y federales. Todo magistrado que lo solicita, obtendrá protección por parte de la Judicatura Federal. Pero esto depende de la propia percepción de cada funcionario", aclaró José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Corte.

El gran interrogante que se abre es si acaso debería existir un protocolo para las grandes causas que afectan a la seguridad de México, como las que se realizan contra los líderes de los grandes grupos del crimen organizado.

Y es casualmente en esta instancia que aparece una y otra vez la alternativa de los "magistrados anónimos", un modelo que fue utilizado en la ardida Colombia de finales de los 80 y 90. La justicia "sin rostro" permitía mantener en secreto la identidad de los jueces y también de los testigos que aportaran datos contra presuntos narcos.

"Hay muchos modelos. Se tiene que explorar. En su combate con la mafia, Italia demostró eficacia, pero después de muchos jueces asesinados. El modelo colombiano habría que estudiarlo. Lo que se requiere es saber qué condiciones hay para adaptarlo al contexto mexicano", explicó Francisco Hoyos Aguilera, vocero del Consejo Ciudadano de Seguridad.

No es una propuesta nueva. El ex presidente Felipe Calderón intentó impulsarla en 2010. "Es un tema que debemos revisar, porque hoy siguen desprotegidos las víctimas, los testigos, los denunciantes, los ministerios públicos, los policías y los jueces", dijo en un debate con legisladores. Para entonces, México contabilizaba más de 28 mil muertos en la guerra contra el narco.

"Esa medida sería contraria a lo que establece nuestra Constitución. Lo que tiene que hacer el Poder Judicial cuando tenga indicios de que un juez corre peligro es darle protección. Si no lo hicieron a tiempo, es su responsabilidad. Pero herramientas hay", aseguró el diputado del PAN Federico Döring en diálogo con La Política Online México.

Y agregó: "La reforma al sistema acusatorio es para darle transparencia, oralidad y celeridad. Todo lo contrario a tener jueces anónimos. Primero tenemos que ver cómo funciona el sistema que tantos años nos costó desarrollar y no hacer de un caso de donde no se pudo brindar protección, una legislación exprofeso para todos los casos".

Quienes se oponen al sistema de justicia "sin rostro" recuerdan que el modelo colombiano no fue un caso de éxito. Aseguran, de hecho, que permitió serias irregularidades como detenciones injustificadas, clonación de testigos, violación al debido proceso y extralimitaciones de funcionarios judiciales.

"Mientras haya estos niveles de corrupción, la justicia sin rostro no afectará en nada. La gran mayoría de los casos relevantes se resuelven antes de llegar al despacho de un juez, con sobornos en niveles de las fuerzas de seguridad o del ministerio público", explicó a LPO Marco Lara Klahr, especialistas en justicia penal.