La reforma al Ministerio Público Fiscal impulsada por el Gobierno para acortar el mandato de Alejandra Gils Carbó también elimina la fiscalía especializada en casos de violencia de género, justo en momentos en que se multiplican los femicidios en todo el país. En el macrismo dicen que se trata de un olvido y será corregido en el texto definitivo.

Se trata de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que hasta ahora está a cargo de la fiscal federal Mariela Labozzetta y es la única del país dedicada exclusivamente a la investigación de femicidios. 

Su eliminación en el proyecto de reforma del MPF sale a la luz justo en el día en que se realiza una jornada nacional de lucha contra la violencia de género, que incluye un paro de mujeres de una hora y una manifestación en el Obelisco, además de actividades en todo el país.

El artículo 8 del proyecto -que ayer consiguió dictamen en Diputados tras un acuerdo de Cambiemos con el Frente Renovador y el Bloque Justicialista- establece la modificación del artículo 22 de la Ley Orgánica del MPF y detalla cuáles serán las nueve procuradurías especializadas.

Entre otros cambios, se crean las procuradurías de Ciberdelincuencia y Terrorismo, que generaron el rechazo del Frente de Izquierda, y se establece que la actual de lucha contra el lavado de dinero se dividirá en Lavado de Activos, por un lado, y Delitos Económicos, por otro. Nada dice el texto de la continuidad de la UFEM ni contempla otra Procuraduría o Unidad sobre el tema. "¿Decisión política u olvido? Ambas inexplicables", se quejó la fiscal Labozzetta.

Apenas estalló la polémica, el diputado macrista Pablo Tonelli se refirió al tema y en un principio negó que el proyecto elimine la UFEM y luego indicó que se trató de un olvido. "Me parece que sí que está, yo no tengo el proyecto en la mano, pero hay una dirección y una fiscalía especializada en temas de trata, por ejemplo", argumentó el legislador en diálogo con FM Blue. "No, no nos olvidamos, está en el texto del proyecto", remarcó.

Ante la insistencia de los periodistas, Tonelli admitió el olvido y prometió corregirlo. "Lo tendremos que agregar cuando lo tratemos en el recinto, yo tenía la idea de que estaba", afirmó el diputado, que prometió hacer "los cambios que haya que hacer".

Reclamo de Abuelas

Por otro lado, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo manifestó su "preocupación” porque el proyecto pone en riesgo la continuidad del titular de la “Unidad Fiscal Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”. 

Mediante una nota firmada por Estela de Carlotto y enviada a la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, María Gabriela Burgos (UCR), Abuelas advirtió que se incorporó al dictamen "el requisito de cinco años de antigüedad en el cargo para desempeñarse como titular de una Procuraduría o Unidad Fiscal Especializada".

Eso significaría la cesantía automática en el cargo del actual titular de la fiscalía especializada para apropiación de bebés durante la dictadura, Pablo Parenti, “quien si bien lleva más de una década de trabajo en el MPF no reúne el requisito de antigüedad en el cargo requerido”.

Abuelas recordó que desde la puesta en marcha de la unidad, en 2012, “se obtuvo una mejora sustantiva en la investigación judicial de la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, tanto en lo relativo a la prolongación temporal de las investigaciones como en la cantidad de casos resueltos”, con la restitución de las identidades de nietos recuperados.  

“No podemos aceptar una modificación como la que se propone que implicaría su inmediato desplazamiento, para eventualmente ser reemplazado por un fiscal que tal vez tenga cinco o muchos años más de antigüedad, pero ninguna experiencia en la temática de la Unidad, pues no se establece ningún requisito específico de idoneidad o especialización”, advirtió Abuelas.

El texto subraya, además, que a la misma situación quedarían expuestas la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Lo mismo sucedería con el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

El documento señala también la “preocupación” de Abuelas “por la creación de una ‘Procuraduría de Terrorismo’, sin que en la ley propuesta se delimite su finalidad y campo de actuación”, lo que conlleva “un severo riesgo de que sea utilizada para criminalizar la protesta social”.