Cambiemos está dispuesto a darle a Graciela Camaño un poder central sobre los fiscales a cambio de aprobar en Diputados la reforma del Ministerio Público, que de sancionarse le permitiría desplazar a Alejandra Gils Carbó.

Como explicó LPO, el éxito que pueda obtener el Gobierno en la Cámara baja puede ser inocuo si la procuradora consigue ayuda de los senadores del PJ a través de los gobernadores, con quienes firmó varios convenios los últimos meses.

Mientras tanto, el oficialismo buscará este martes un dictamen del proyecto en Diputados, donde fue enviado en abril y recién en estos días logró el aval del Frente Renovador, pero con un costo alto: deberá garantizar mayores atribuciones a la bicameral de control del Ministerio Público, presidida por la jefa de ese bloque, Graciela Camaño. 

Como adelantó LPO, el plan de Cambiemos es aprobarlo en la sesión del miércoles 26 y recién  después negociar en el Senado. 

Si bien el massismo no le garantiza los 129 votos del quórum al oficialismo, si reúne a todo su interbloque lo deja cerca de alcanzarlo con aliados eventuales o la colaboración del Bloque Justicialista. 

En este escenario, el Frente Renovador aprovechó todo el año la desesperación del Gobierno por echar a Gils Carbó: primero lo obligó a crear la bicameral de control de la Procuración, luego a nombrar como presidenta a Camaño y, como parte de la reforma del Ministerio Público, mañana le exigirá agregarle atribuciones.

Aunque no tiene mayoría en la Comisión, como presidenta Camaño puede marcar la agenda nada menos que del contralor de fiscales federales, un poder superlativo para una fuerza como el Frente Renovador. 

Tampoco no pasará inadvertida en cada votación: aliada a Caserio, puede ayudar a Cambiemos o al FpV-PJ a reunir una mayoría que ninguna fuerza tiene por sí misma. Y si hay paridad, le toca desempatar.  

"Que esto no sea nada pensado para desplazar a la procuradora", advirtió el diputado kirchnerista Luis Cigogna, en la reunión constitutiva de la bicameral. 

Según confirmaron fuentes parlamentarias a LPO, la reforma del Ministerio Público le dará a la comisión un pleno control sobre las procuradurías especializadas, algunas de suma relevancia como la Procelac, dedicada a investigar el lavado de activos. También podrá nombrar los directores generales de la Procuración.

El proyecto original enviado por Mauricio Macri y escrito por Germán Garavano le otorgaba el rol asesor exclusivo del Ministerio Público a un Consejo General, integrado por cuatro subprocuradores, dos fiscales generales y dos fiscales.

Pero para contentar a Massa ese Consejo quedará limitado y los subrpocuradores, otra creación de Garavano, serán eliminados. 

Su función no era otra que condicionar al procurador de turno con el único objetivo de marcarle la cancha a la procuradora nombrada por Cristina Kirhner. Sólo retendrá algunas atribuciones, como convocar a concursos y designar los jurados de los tribunales de enjuiciamiento.

El Frente Renovador sí aceptó poner un mandato al jefe del Ministerio Público, pero de 5 años y no de 4, como planteaba el texto original. Además, podrá tener una reelección.

Aunque el ministro de Justicia chapea en las reuniones de Gabinete que Gils Carbó tienen los días contados, aun queda mucho camino por recorrer. 

La ley para ponerle fecha de vencimiento a su gestión debe pasar Diputados, superar  el filtro del Senado y en caso de ser sancionada, probar suerte en Tribunales, donde no faltarán planteos sobre la posible inconstitucionalidad de limitar el mandato del Procurador. Incluso, en la UCR había dudas. Pero esa instancia todavía está lejos.