El presidente del Consejo de la Magistratura, Enzo Pagani, se presentó en la Legislatura porteña para detallar el presupuesto para el próximo año y reclamó una partida mayor para la Justicia de cara a la transferencia de los juzgados ordinarios a la órbita porteña y para lograr una equiparación del sistema de liquidación salarial con la jurisdicción nacional.

Pagani estuvo acompañado por el Fiscal General de la Ciudad, Luis Cevasco; el defensor general Luis Duacastella Arbizu; la asesora general tutelar Magdalena Giavarino; y Ruben Torres, director de Planificación y Ejecución Presupuestaria en representación del Tribunal Superior de Justicia.

“De recortarse ese presupuesto nos dejaría paralizados para estar preparados”, expresó y aprovecho la situación para denunciar que tienen un problema de infrastructura ya que “el único edificio que poseemos es el de Pedro Goyena 896 y corre peligro de derrumbe, solicitamos $5 millones para repararlo, pero por el recorte no va a ser posible”. 

El titular del Consejo de la Magistratura pidió la equiparación del sistema de liquidación salarial con la jurisdicción nacional y propuso como objetivo la compra de inmuebles para alojar a los juzgados del fuero penal y laboral que se transferirán a la Ciudad de Buenos Aires, según informó la dirección de Prensa de la Legislatura.

De cara al traspaso de los juzgados ordinarios –contemplado en un proyecto que está en debate en el Congreso- Pagani solicitó a los legisladores "saldar una deuda histórica sobre el sistema de liquidación salarial que en el Poder Judicial porteño plantea diferencias entre el Tribunal Superior de Justicia y el resto de los organismos hoy por debajo del promedio salarial de Nación". 

En tanto, Cevasco, quien preside el organismo a cargo de la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, se mostró “preocupado por el recorte” dentro del Presupuesto que les fue asignado que ronda “los 118 millones de pesos”, según expuso esta tarde.

“El recorte nos impedirá desarrollar las previsiones”, indicó; en tanto que Giavarino precisó que “tenemos una presencia mínima dentro del todo presupuesto previsto para la jurisdicción y vamos a quedar desfinanciados frente a los alquileres que tenemos que pagar de las instalaciones que ocupamos”.