El megaoperativo desplegado por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos a cargo del fiscal Sebastián Narvaja, quien investiga una red dedicada a estafas inmobiliarias y lavado de dinero, arrojó resultados sorprendentes al comprometer a reconocidos empresarios, contadores y escribanos de la ciudad de Rosario.

Entre los investigados, de los cuales diez ya están detenidos, se encuentra el gerente general del diario La Capital, Pablo Abdala, cuya oficina fue allanada por la policía en busca de elementos que confirmen su participación en lo que se caratuló como "asociación ilícita".

Según pudo averiguar LPO, Abdala, quien se encuentra prófugo, heredó la inmobiliaria de su padre que se dedicaba, principalmente, a la administración de consorcios, negocio que mantuvo en paralelo con su desempeño en el diario.

Desde allí, Abdala habría integrado una sofisticada trama destinada a estafas inmobiliarias al servicio del lavado de dinero junto a contadores, escribanos y empresarios reconocidos de la ciudad, una actividad ajena al multimedio que gerencia, según confiaron fuentes al tanto de la causa.

El megaoperativo más grande

A primeras horas del miércoles, la policía de la provincia de Santa Fe con la colaboración de fuerzas federales y bajo la coordinación del fiscal Sebastián Narvaja, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos allanaron más de 20 domicilios en la ciudad de Rosario y zonas aledañas con orden de detención para 15 personas, entre ellas, reconocidos empresarios y profesionales.

El megaoperativo tenía como principal objetivo recolectar elementos probatorios que permitan imputar a los sospechados de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a la estafa inmobiliaria y al lavado de dinero y que podría estar relacionada con el narcotráfico.

Las actuaciones son el fruto de dos años de investigación y de "un trabajo que requirió de mucho sigilo, de que nadie se haya enterado, y que necesitó de mucha capacidad para evitar la filtración", aseveró en diálogo con LPO el subsecretario de Política Criminal de la provincial, Rolando Galfrascoli.

Según Galfrascoli, "es el operativo por delitos económicos y de cuello blanco más importante de la historia de Santa Fe" que requirió de la cooperación de la PROCELAC, AFIP, el Banco Central y la Administración Provincial de Impuestos, además de la actuación de la Policía de Investigaciones de Santa Fe y Gendarmería.

Es que la red se dedicaba a conseguir propiedades a través del fraude, amedrentamientos, amenazas o directamente por usurpaciones violentas según consta en las denuncias de víctimas directas o familiares.

Luego, esos inmuebles se "vendían" en varias oportunidades lo que permitía generar una ventana por donde ingresar al circuito formal dinero malhabido que no se descarta provenga del narcotráfico u otros delitos federales.

El fiscal Sebastián Narvaja

Según explicó Galfrascoli, las operaciones ilícitas que se detectaron por ahora, que suman más de 50 millones de pesos, derivan de juicios de usucapión fraguados, estafas realizadas a partir de fraguar documentos privados - como boletos de compra venta- o documentos públicos, ya sean poderes o falsificaciones ideológicas de escrituras públicas o directamente a través de usurpaciones violentas.

De hecho, en los allanamientos se confiscaron armas de alto calibre y chalecos antibalas: "No solamente tienen soldados los narcos en los barrios, estos tipos también los tienen, son los que hacen el trabajo sucio" afirmó el funcionario.

Los protagonistas

De los veinte allanamientos, la mayoría se realizaron en domicilios de la zona céntrica de la ciudad de Rosario, cuatro de ellos en la torre Acqualina, un emprendimiento inmobiliario de lujo construido por el broker Jorge Oneto, detenido en la redada.

En el mismo lugar se dio con el paradero de Leandro Pérez, quien había sido dueño de la concesionaria de autos de alta gama, Reina Automotores, vinculada a Luis Medina, el narco asesinado en diciembre del 2013.

Un año después del crimen de Medina, en la puerta de la concesionaria fue asesinado de siete balazos Germán Tobo. La cruenta fortuna que signó al negocio automotor no le impidió a Pérez conquistar el corazón de Viky Xipolitakis mientras lo investigaba la Unidad de Investigaciones Financieras a mediados del año pasado.

Otro de los detenidos es el escribano Eduardo Martín Torres, quien ya en el 2006 había sido condenado por la Justicia por haber falsificado documentos en perjuicio de un hombre a quien le reclamaba una deuda y que el Colegio de Escribanos se negó a sancionar. A su vez, fueron apresados otros dos colegas de Torres: Juan Bautista Aliau y Luis Maria Kurtzemann (hijo).

También cayó el contador, Marcelo Jaef, propietario de un reconocido Instituto de Implantes Dentales que en el 2013, según publicó el portal Punto Biz, había sido demandado por su propio hermano, Salvador, quien fundó la clínica y que para ocuparse de otros negocios dejó a Marcelo a cargo hasta que este lo desplazó definitivamente y se quedó con la empresa médica.

El resto de los detenidos son; Roberto Aymo, también dedicado a la compra-venta de autos, Maximiliano De Gaetano, secretario general del Sindicato Único de Monteros de Argentina -SUMA-, Ramona Rodríguez y Jhonatan Zárate de quienes no se tienen mayor información, mientras que otras cinco personas continúan prófugas.

Cómo se instruyó la investigación

Los nombres, profesiones y perfiles públicos de la mayoría de los implicados requirió de suma cautela a la hora de abordar la investigación y sobre todo de decisión política para sostenerla en los dos largos años que transitó hasta este miércoles cuando los allanamientos hicieron público el contenido.

"Hay una decisión del gobernador Miguel Lifschitz, del Ministerio Público de la Acusación y del ministro de seguridad de avanzar firmemente" sostuvo a La Política Online, Rolando Galfrascoli, el subsecretario de Política Criminal de Santa Fe, dependencia que cumplió un rol protagónico.

Por otra parte, también hubo una decisión del Poder Judicial para desplegar las distintas líneas investigativas que arrojó los resultados positivos: "Nuestra principal prioridad fue abrir canales de comunicación permanente con organismos nacionales como la UIF, la AFIP, el Banco Central, la policía federal y tratar de plasmarlo de manera institucional tratando de despegarla lo más posible de los avatares coyunturales de la política" reconoció en diálogo con LPO, el fiscal Sebastián Narvaja.

Es que los dos años de labor coordinada por el funcionario judicial debió sortear las turbulencias derivadas de los cambios de gobierno, tanto en nación como en la provincia, aunque en esta última menos bruscos.

"Nuestra forma de conducir el trabajo, la apuesta permanente, fue la de fortalecer lazos institucionales de la manera más sólida posible" explicó Narvaja y agregó que "lo propio hemos venido haciendo con las fuerzas policiales provinciales y los organismos de apoyo como el API con el que estamos trabajando mucho"

"Veníamos haciendo reuniones de trabajo y generando convenios que vayan dando forma jurídica de cooperación y capacitaciones conjuntas" sostuvo en relación a las distintas dependencias que participaron.

A su vez, Narvaja subrayó el acompañamiento del Fiscal Regional, Jorge Baclini, "que como funcionario judicial, es el único apoyo político que necesitamos".

Ahora, el fiscal llamará a audiencias imputativas y a las audiencias de medidas cautelares de los detenidos para decidir, según las pruebas, en qué condición procesal quedará cada uno. Al mismo tiempo, comenzar a procesar toda la información de computadoras y documentación confiscada en los más de 20 allanamientos.