La Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un recurso extraordinario presentado por YPF y determinó que debe cumplir con el fallo de la Corte Suprema que la obligó a mostrar el acuerdo con Chevron por Vaca Muerta.

En una resolución firmada por los jueces Carlos Manuel Grecco, Clara Do Pico y Rodolfo Facio, la Sala I rechazó el recurso de la petrolera estatal contra la resolución de ese tribunal que había confirmado la desestimación a una serie de planteos de la compañía contra la intimación que hizo la jueza de primera instancia Cristina Carrión de Lorenzo para que cumpla el fallo de la Corte.

Después de intentar por todos los medios evitar cumplir con las sentencias judiciales que la obligaban a mostrar el contrato con Chevron, YPF entregó a principios de año una copia con tachaduras en las partes consideradas confidenciales, con el "objetivo de salvaguardar información geológica, comercial y financiera". 

Pero el demandante, el dirigente socialista Rubén Giustiniani, insistió en tener el contrato completo y Carrión de Lorenzo le dio la razón en marzo pasado, cuando le dio a YPF un plazo de cinco días para mostrar el texto completo.

Las trabas impuestas por YPF terminaron en la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo conocida hoy, que consideró que "la gravedad institucional invocada" por YPF "no habilita la instancia extraordinaria". "El pronunciamiento recurrido cuenta con fundamentos fácticos y jurídicos que, más allá de su acierto o error, son suficientes para descartar la tacha de arbitrariedad", afirman los camaristas.

En el medio de la discusión judicial, la anterior gestión de Miguel Galuccio en YPF había conseguido el respaldo del gobierno de Mauricio Macri, a través de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que tuvo que dar un giro de 180 grados respecto a lo que decía cuando era oposición y avalar el secretismo.

Una vez en el Gobierno, que controla a YPF, Alonso dejó en el olvido sus críticas y debió defender la posición de la petrolera, cuyos directivos le comentaron en privado las "razones técnicas" para mantener en secreto el contrato. La posición de Alonso generó críticas incluso dentro de Cambiemos, como las de Lilita Carrió o diputados del PRO como Amadeo.

LPO reveló en ese momento que en la jugada para que YPF demore el cumplimiento del fallo de la Corte hubo una maniobra judicial orquestada por una abogada de confianza de Galuccio, que llegó a la jueza Carrión de Lorenzo y logró trabar el cumplimiento de la sentencia de la Corte, dictada en noviembre de 2015.

La semana pasada, el PRO se alió con el kirchnerismo en la Cámara de Diputados para eliminar una modificación en la nueva ley de acceso a la información pública que dejaba a YPF en la misma condición que cualquier otra dependencia estatal, obligada a mostrar información. Pero el texto definitivo sólo obliga a las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria a mostrar los datos sobre su participación.